CNDH condena amago a custodios de Culiacán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las amenazas de muerte que recibieron dos visitadores de Sinaloa y custodios del penal en Aguaruto, Culiacán, por parte de servidores de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El jueves pasado, los custodios iniciaron una manifestación pacífica al enterarse que los investigaban por no apoyar en el traslado de un reo a otro penal. Al lugar llegó el subsecretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, acompañado de otro funcionario y hablaron con los guardias, les dijeron que no habría represalías. También llegaron dos visitadores.

Después de que se retiraron los funcionarios, irrumpió en el penal el jefe de la Policía Estatal con tres agentes, quienes encañonaron y amagaron a los custodios y además a los visitadores.

La CNDH llamó ayer a las autoridades de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública estatal a brindar las garantías necesarias de protección a las personas agraviadas y a su integridad personal.

Así como a conducirse con respeto irrestricto a los derechos humanos y a no poner en entredicho las bases mismas del Estado de derecho.

“Esta comisión rechaza todo acto de violencia y provocación, especialmente cuando proviene de integrantes de las fuerzas del orden, al tiempo que recuerda a las autoridades del gobierno de Sinaloa que sus actuaciones deben sujetarse al marco de la ley, puesto que de lo contrario puede dar como resultado hechos de difícil o imposible reparación”, enfatizó.

En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Genaro Robles Casillas, dijo que el mando policiaco no ha sido separado de su cargo, puesto que se inició una investigación administrativa para certificar los hechos y castigar a los que resulten responsables.

Dijo que se recibió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para aplicar medidas cautelares, relativas a identificar a los funcionarios públicos que ejecutaron el hecho reprobable.

Comentó que en atención a ella, se abrió un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que pudieron incurrir los elementos de la corporación.