Denuncian corrupción en programa de mantenimiento escolar en NL

Integrantes de “Ciudadano Empoderado” solicitaron al gobernador Jaime Rodríguez transparentar el programa “Mano a la Escuela” mediante el cual se aplicarán 800 mdp en 3 mil escuelas
19/07/2017
21:50
David Carrizales / Corresponsal
Monterrey, Nuevo León
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Integrantes de la agrupación “Ciudadano Empoderado” solicitaron al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, evitar actos de corrupción, transparentar el programa “Manos a la Escuela”, mediante el cual se aplicarán 800 millones de pesos, en tres mil 600 escuelas de nivel básico en la entidad, para trabajos de mantenimiento como impermeabilización, pintura y reparación de sanitarios.

Pedro Rodríguez Martínez y José Antonio Villalobos González, que al frente de un grupo de ciudadanos entregaron un pliego de peticiones en el despacho del Ejecutivo estatal, asentaron que por información que les han proporcionados directores de escuelas, saben que una gran parte de los recursos que destinará el gobierno estatal para el citado programa, se perderán por prácticas de corrupción, y al final los planteles seguirán en mal estado.

Expusieron que la cantidad de recursos disponibles para rehabilitar tres mil 600 escuelas de la entidad, alrededor de 225 mil pesos por plantel, bien aplicados serían suficientes para no tener que cobrar cuotas a los padres de familia, a quienes algunos directivos niegan la inscripción de sus hijos, o condicionan la entrega de calificaciones para obligarlos a cubrir los referidos pagos.

Lamentaron que el gobierno estatal haya realizado una “simulación de transparencia”, al invitar a cientos de empresas a inscribirse en el programa “Manos a la escuela”, como proveedores de bienes o servicios, y donde indicaron las cotizaciones correspondientes, pero casualmente ofrecieron los mismos precios, que en algunos casos superan por más de 200 por ciento las cotizaciones de mercado.

Según el gobierno estatal, un total de 379 empresas grandes, medianas y pequeñas se inscribieron para participar en la asignación de al menos 720 paquetes de obras, de los cuales el mínimo a otorgar eran cuatro escuelas por un monto de un millón de pesos.

Pedro Rodríguez mencionó como ejemplo que las empresas inscritas cotizaron el metro cuadrado de impermeabilización a dos mil pesos, poda de un árbol de hasta 2.5 metros de altura a 700 pesos; y 800 pesos por podar un metro cuadrado de césped. Asimismo, cotizaron en 290 mil pesos la instalación de una malla ciclónica, cuando los precios andan en 90 mil pesos.

Y para cerrar el círculo de corrupción y salir impunes los funcionarios estatales, sin quedar claro si son los de las secretarías de Infraestructura o Educación, o el mismo Ejecutivo estatal, pretenden que los directivos escolares y los presidentes de sociedades de padres de familia, firmen los contratos con las empresas proveedoras, pues si no aceptan, simplemente no hay apoyo para mantenimiento.

Rodríguez Martínez comentó que una empresa cotizó el mantenimiento de diez minisplits en 55 mil pesos, cuando ese dinero alcanzaría para comprar nuevos los citados aparatos.

“Es una corrupción legalizada. Hicieron el show de la transparencia, de los concursos, pero nadie vio las cotizaciones que presentaron las empresas”, expresó el activista.

Entrevistado al respecto, el gobernador Jaime Rodríguez afirmó que se trata de malos entendidos, por el apresuramiento de la aplicación del programa y porque algunos constructores fueron a las escuelas que se les asignaron para dar mantenimiento, y dijeron a los directores “tienen que firmar”.

Agregó el Bronco, “asignamos escuelas, no contratos”, y explicó que el primer paso del proceso fue que los directores plantearon las necesidades de su escuela, la Secretaría de Educación hizo un proyecto de presupuesto para estimar cuánto cuesta cada cosa, "y lo hicimos a través las empresas constructoras" después asignamos las escuelas a cada empresa y se les dio un plazo de 15 días para que fueran a cada escuela.

Pero “de repente hubo un constructor que fue y dijo, tienen qué firmar”, cuando no era así, "faltó tiempo para comunicar a los directores que tiene que haber un proceso, que se reúnan con los padres de familia, juntos revisen si la cotización de los constructores es la adecuada, y en base a eso le firmarán, para que el gobierno asigne el contrato y se pongan a trabajar”, concluyó El Bronco.

afcl

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