Michoacán alista Sistema Estatal Anticorrupción

Luego de que el Poder Legislativo aprobara un paquete de reformas y adecuaciones al marco jurídico, en el estado de Michoacán ya está preparado, aunque con algunas asignaturas pendientes, para que este próximo 19 de julio entre en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción.

El próximo miércoles vence el plazo para que las 32 entidades de la República adecúen su legislación tanto constitucional como secundaria para dar vida a sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción.

Pero en Michoacán, este martes, serán promulgadas las reformas y leyes que den paso a este nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, luego de que el Congreso local armonizara el marco legal del estado con el federal, lo cual lo coloca entre las 19 entidades de la República que han dado cumplimiento para la creación normativa.

La LXXIII Legislatura aprobó en un primer paquete dos leyes de nueva creación: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos , que se suman a las reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) .

Mientras que en un segundo paquete aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, al Código de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización Superior de Michoacán.

Con la adecuación y aprobación de estas normas, Michoacán alcanza un nivel de cumplimiento del 92 por ciento dentro del parámetro del Semáforo Anticorrupción elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin embargo, para el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña , aún existen varios retos que alcanzar para que el Sistema Estatal Anticorrupción cumpla su objetivo.

El líder perredista consideró que es necesaria una reforma constitucional local que dé certeza y refuerce lo aprobado por el Poder Legislativo.

Dijo que después de emitir la convocatoria y designar al Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, es urgente dar paso al procedimiento de elección de los dos magistrados especializados y nombrar a los integrantes de la Comisión de Selección que elegirá a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, entre otros temas.

“Pero la tarea más importante es que dentro del próximo periodo de sesiones, las y los diputados analicen a fondo lo aprobado y lo que resta por ser reformado para detectar y corregir las fallas, vicios e inconsistencias jurídicas que existen”, agregó.

Carlos Torres incitó a los diputados locales de ser conscientes de la responsabilidad que implica armonizar y reformar las leyes para que el Sistema Anticorrupción cumpla cabalmente el objetivo para el que fue creado.

Por esa razón, explicó, los que deban sancionar y combatir la corrupción deben ser candidatos especialistas en la materia con carrera judicial acreditada y no quedar sujetos a negociaciones ni a cumplir cuotas de poder.

“Debemos de tomar esta oportunidad histórica con seriedad y con responsabilidad, porque es la última oportunidad que la sociedad nos da para terminar con este problema. Exhortamos a los diputados a que no lo tomen a la ligera”, expuso.

Es su responsabilidad lograr un verdadero mecanismo contra la corrupción, más allá de las expresiones de buena voluntad o de una posible simulación.

A decir de la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) , las cifras del informe refieren que durante el 2016 en Michoacán se reportaron 990 víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Ante esta situación, el líder estatal del PRD en Michoacán refirió que es importante que el Sistema Estatal Anticorrupción tenga todas las herramientas para que esté abierto y sea un instrumento de la sociedad.

También, resaltó, se debe lograr que el Comité de Participación Ciudadana incida en la definición de las políticas y acciones anticorrupción y se sume de manera articulada a las estrategias.

Además de que es fundamental que tenga los recursos necesarios para operar, la base técnica para sustentar sus funciones y el respaldo de la sociedad, argumentó el también ex diputado federal, Carlos Torres Piña.

En una autocrítica, reconoció que entre las leyes que todavía tienen que reformarse, están aquellas relacionadas con las actividades más expuestas a los actos de corrupción, como la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obra Pública, así como las leyes que son críticas para la eficacia del sistema anticorrupción. Leyes que no se deben hacer a modo.

Asimismo, enfatizó que se debe garantizar que las personas que encabecen las entidades que conforman el Sistema deben ser las más capaces técnica, profesional y éticamente, con base en sus méritos personales. Entre ellos los nombramientos que son más críticos como el fiscal y los magistrados anticorrupción. El reto es que dichos nombramientos se lleven a cabo de manera abierta a la sociedad y con consenso.

Refirió que el reto consiste en establecer, de aquí en adelante, nuevos estándares de actuación pública, basados en la integridad y la rendición de cuentas. En resumen: que sea la sociedad quien dirija la lucha anticorrupción.

“Porque este sistema anticorrupción fortalecerá los contrapesos entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) desde la exigencia social. Así que la tarea hoy está en manos de nuestros diputados, pero queremos advertir que desde el PRD estaremos observando que el Sistema Estatal Anticorrupción cumpla con su objetivo de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción, y que no termine siendo un acto más de simulación”, indicó Carlos Torres Piña.

Mario Armando Mendoza Guzmán, diputado del PRI y presidente de la Mesa Plural de seguimiento a este conjunto de adecuaciones, también reconoció que el Sistema Estatal Anticorrupción es perfectible.

“Pero para que camine se requiere del esfuerzo de todos, principalmente de la sinergia de los tres órdenes de Gobierno, y actores de este nuevo esquema, para que sin duda se dé respuesta a la demanda de los ciudadanos y en esta entidad no exista más impunidad y se sancione a quienes incurran en actos de corrupción”, afirmó.

ANTECEDENTES

En Michoacán, además de alcaldes, gobernadores, funcionarios y legisladores y candidatos relacionados con el crimen organizado, también han sido detenidos servidores públicos de primer nivel señalados por las autoridades de procuración de justicia federales y estatales con el desfalco millonario del erario público que, en este momento asciende a más de 33 mil millones de pesos que heredaron como deuda pública.

Solo basta recordar, entre otros, al hermano del ex gobernador Leonel Godoy Rangel, Julio César Godoy Toscano, al ex gobernador interino Jesús Reyna García, a Rodrigo, el hijo del ex mandatario Fausto Vallejo Figueroa y a los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Huetamo, Arquímides Oseguera Solorio, Salma Karrum y Dalia Santana, respectivamente, detenidos por sus presuntos nexos con el cártel Los Caballeros Templarios.

Además, Humberto Suárez, Desiderio Camacho y Mireya Guzmán, ex funcionarios de los ex gobernadores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, fueron acusados de peculado durante ambas administraciones.

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