La impotencia y el coraje; la exigencia de justicia y no de venganza, son los sentimientos que guarda la señora Verónica Oviedo, después de dar sepultura en el Panteón Municipal Valle Verde, a los restos de su hija, Leslie Rubí Oviedo Martínez, de apenas 17 años de edad, quien fue asesinada por contusión profunda en el cráneo, sin que hasta el momento las autoridades le hayan explicado el móvil de los homicidas.

Dice no comprender por qué su pequeña, que con gran ilusión se preparaba para ingresar a Preparatoria el próximo mes de agosto, aunque para ello tuviera que trabajar para sostener sus estudios, le fue arrebatada por la muerte, ya que no andaba en malos pasos y por lo que sabe tampoco su novio.

El pasado 8 de junio a las dos de la tarde, Leslie Rubí, acompañada por su enamorado, regresaba de disfrutar un partido de futbol “llanero”, y se dirigía a su casa cuando fueron interceptados por tres sujetos que viajaban en un taxi. Dos de los tres hombres descendieron de la unidad, y tras someter al joven, por la fuerza se llevaron a la menor con rumbo desconocido.

La señora Verónica, acudió de inmediato a reportar el incidente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y pidió hablar con el procurador, pero no fue recibida, tampoco tuvo éxito cuando quiso plantearle el caso al Secretario General de gobierno, Manuel González Flores.

Dos días después de la privación ilegal de la libertad, la Procuraduría General de Justicia del Estado, activó la Alerta Amber. Hubo una gran actividad en redes sociales, presiones para su búsqueda a través de manifestaciones, y la incertidumbre de 16 días de no saber sobre la suerte de su hija, terminó de la peor manera, al confirmarle las autoridades el 24 de junio, que fueron encontrados sus restos enterrados en el patio de una casa en el fraccionamiento Colinas Mirasol, al norponiente de Monterrey.

Delgada y de estatura bajita, aproximadamente 1.60 metros de estatura, Leslie Rubí, fue asesinada por contusión profunda de cráneo, determinaron los peritos.

Madre soltera, que diariamente realiza trabajos de limpieza en casas particulares para ganarse la vida, a pesar de este golpe brutal a su estabilidad emocional, Verónica Oviedo, no puede doblegarse, porque tiene que sacar adelante a dos menores que ahora más que nunca la van a necesitar.

A pesar de su dolor, o quizás alentada por ello, la señora Verónica comentó que participará el próximo domingo en una marcha para exigir alto a los feminicidios, secuestros, desapariciones y asesinatos, a la que están convocando estudiantes universitarios y madres de familia, con mensaje dedicado a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Pedro Alejo Rodríguez Martínez, líder de la agrupación Ciudadano Empoderado, a quien la señora Verónica Oviedo pidió apoyo para difundir su caso, a las pocas horas del secuestro de la menor, afirmó que tan solo en el último mes se han registrado en la zona metropolitana de cinco a siete secuestros y desapariciones de mujeres menores de edad, que tienen como perfil el ser delgadas, bonitas y de pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo, cuyas familias no tienen recursos para una investigación o búsqueda continuada.

Externó su preocupación, porque, ante la opacidad y el silencio gubernamental la falta de estrategia y coordinación, se alimentan las versiones de que esas mujeres, podrían estar siendo víctimas de bandas que se dedican a la trata de personas o al tráfico de órganos.

Asimismo, dijo Rodríguez, en el gobierno estatal, los encargados de atender este tipo de casos, asumen un pensamiento misógino y retrógrada, pues cuando se reporta el secuestro o desaparición de una joven, dicen “ah, se fue con el novio”, “no se preocupe, al rato sale”, o lo peor piensan que “anda de güila” o que “se lo buscó”.

Una vez puesta la denuncia, afirmó, se remite al CODE (Centro de Orientación y Denuncia), donde toman a la víctima como un número, como una estadística, no como un ser humano al que hay que buscar.

“Hay una unidad antisecuestros con tecnología de punta y elementos capacitados que no entran en acción porque no se pide rescate y por tanto no es secuestro”, y es el caso que por ejemplo en el caso de Rubí, como nadie llamó para pedir dinero, las autoridades y el propio gobernador Jaime Rodríguez, sostienen que no fue secuestro, que fue privación ilegal de la libertad.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses