El Gobierno de Sinaloa ofreció celebrar una reunión con los f iscales federal y del fuero común para que informe a una c omisión plural de periodistas, legisladores y activistas de derechos humanos sobre los avances en la inv e stigación del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas y definan qué instancia asumirá el caso.

Al concluir la marcha por la Paz, en la escalinata de Palacio de Gobierno, con pintura blanca, se escribió el mensaje de justicia para Valdez Cárdenas y se encendieron veladoras, en señal de duelo por su muerte violenta.

Una comisión encabezada por el director del Semanario Río Doce, Ismael Bojórquez Perea, en compañía de los diputados federal independiente, Manuel Clouthier Carrillo y el diputado local panista, Roberto Cruz Castro , entre otros actores sociales se reunió con el S ecretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

En la reunión de carácter privado, se expuso, no sólo el tema del asesinato del cofundador del Semanario Río Doce y Corresponsal, sino los casos de los tres maestros rurales acribillados en la sierra de Concordia, la muerte del Subdirector del ISSSTE, en Mazatlán, Miguel Angel Camacho y del empresario, Ruay Alberto Díaz.

Bojórquez Perea reveló que Gómez Flores ofreció dar una respuesta puntual a los seis puntos que leyó en el manifiesto al término de la marcha, el próximo lunes, los cuales, son:

1- Que se defina qué fiscalía, la estatal o la federal, decidirá quién asume el caso de Javier Valdez. Porque no se quiere que se diluya la responsabilidad, ante el reclamo de que el crimen sea castigado y los autores materiales e intelectuales sean llevados a juicio

2- Que de inmediato den a conocer a la opinión pública los avances en las investigaciones del crimen y que consiste en:

El establecimiento del móvil del homicidio y las líneas de investigación correspondientes.

La identificación de los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato.

La imposición de medidas cautelares a los presuntos responsables, con el fin de asegurar que no se sustraerán de la acción de la justicia y que no se obstaculizara el proceso.

3- Que el Gobierno del Estado se comprometa a sumarse a los mecanismos de protección para proteger el trabajo de los periodistas y garantizar la libertad de expresión, con objetivos claros y cuantificables.

4- Que el Gobierno se comprometa a rectificar sus “estrategias” de seguridad a la menor brevedad, diseñando nuevos esquemas, dado el fracaso de las que se han implementado hasta ahora.

5- Que se entregue en forma inmediata un diagnóstico claro y preciso de las condiciones de todo el sistema de cámaras de seguridad del estado y las medidas que se han tomado al respecto.

6- Que se establezca un esquema de prevención inmediato que impida que transiten impunemente vehículos con civiles armados en zonas urbanas y rurales de todo el estado.

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