Diputados

del PRI, del PANAL y de Movimiento Ciudadano habrían recibido un millón de pesos como soborno para aprobar la autorización al gobierno de Cesar Duarte para contratar un crédito por seis mil millones de pesos unas semanas antes de terminar su mandato , así lo reveló frente a un juez un testigo protegido de la Fiscalía del estado.

Durante la realización de la Audiencia de Vinculación a Proceso del ex director de Adquisiciones durante los primeros años del gobierno de Duarte, Sergio Medina, quien está acusado por el delito de Peculado por un monto de 120 millones de pesos, el ministerio público presentó la declaración encubierta de quien dijo ser un alto ex funcionario de Hacienda que por su cargo tuvo acceso a información sobre los desvíos de recursos.

La identidad del testigo fue avalada por el juez, aunque evidentemente no se reveló en la audiencia.

Señaló que parte del dinero obtenido ilegalmente mediante la creación de empresas fantasma a las que se les otorgaron contratos por servicios que nunca ofrecieron, fue para entregar un millón en efectivo a los legisladores que votaron a favor de la bursatilización.

Según su testimonio, fueron 22 millones de pesos los que se trasladaron en efectivo en cuatro maletines desde las oficinas de Hacienda hasta el Congreso, y entregadas a cada legislador en privado.

Dicha votación se efectuó en el Congreso el 06 de julio de 2016, justo un mes después de que el PRI perdiera la gubernatura y la mayoría en el legislativo en las elecciones estatales. A pesar de que el gobierno de Duarte terminaría en octubre, los diputados del PRI, a excepción de Teporaca Romero que votó en contra y Eloy García Tarín que se ausentó; además de los de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

En total fueron 23 votos a favor, aunque el testigo habló de 22 millones, es decir algún diputado votó positivamente pero sin recibir el soborno. Durante esa sesión los legisladores del PAN votaron en contra, por considerar que se trataba de un aumento a la deuda pública de la entidad, además que se comprometían los ingresos por las autopistas estatales durante los siguientes 25 años, ya que el pago del crédito por los seis mil millones tiene como garantía las cuotas de peaje.

ml

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