Protesta encadenada en Oficialía Mayor

Marichuy Almendarez acusó abuso sexual de líder sindical; por denunciar caso, la han cambiado de dependencia, dice
Reco mendación. María de Jesús debe ser reinstalada en su trabajo original, indicó la CEDH en recomendación al gobierno estatal. (ESPECIAL)
10/06/2017
02:17
Xóchitl Álvarez / Corresponsal
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María de Jesús Almendarez, víctima de abuso y acoso sexual de un líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, vive encandenada en un sillón de la Oficialía Mayor del Estado desde el 16 de mayo, en protesta para exigir justicia.

La mujer de 51 años se encuentra encadenada de la cintura y se declarará víctima de impunidad por parte de las autoridades, ya que desde que acusó el acoso sexual que sufrió por parte Juan Martín Gatica Izaguirre, la han cambiado a diferentes dependencias, “como maceta de corredor”, destacó.

En entrevista con EL UNIVERSAL,  Almendarez narra que hace cuatro años, cuando trabajaba en el área administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), fue víctima de abuso y acoso sexual por parte de un delegado del Sindicato  Mayoritario de Gobierno del estado de San Luis Potosí, situación que se prolongó por más de un año.

“Me enviaba flores, me decía que era el amor de su vida, su amor platónico, un amor imposible. Después, siguieron las frases ofensivas, los mensajes por celular y en tarjetas, hasta que terminó en tocamientos”, explica Marichuy.

Destaca que el líder sindical también la amenazaba para que accediera a tener relaciones sexuales con él. “Me decía que me quería mucho, que quería estar conmigo, que quería coger conmigo, que no lo bateara”, detalla.

.“Yo exploté. Y entonces le dije a mi compañera que era mucho el acoso, ya no podía estar más. Él llegó al grado de decirme: O cogemos a la buena, o a la mala”, acusó.

En 2014, la empleada presentó dos denuncias penales que actualmente forman parte del expediente con número 101-2014, en el Juzgado Quinto. Como consecuencia, a su agresor le dictaron dos autos de formal prisión, pero sólo estuvo detenido un día en el penal de La Pila, porque pagó una fianza para quedar libertad.

Marichuy comenta que la denuncia complicó aún más su situación. Con 24 años de trayectoria en el sector público, y aunque ocupa el cargo de jefa de Oficina con nivel 12, después de enfrentar al órgano sindical con la denuncia, ha sido discriminada.

Como represalia a sus denuncia, en los últimos cuatro años Marichuy ha sido cambiada de dependencia una y otra vez. Primero se le comisionó en el Instituto de las Mujeres, luego en la Secretaría de Educación y después en la Secretaría de Cultura, donde la asignaron al Archivo. “Me metieron a un sótano y me pusieron a coser expedientes y a perforar y querían que barriera”.

Ante la represión acudió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres; presentó cuatro quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por el caso de la trabajadora, CEDH emitió la recomendación 03/2016 al gobierno del estado, la cual venció el miércoles pasado. Ahí se estipula que María de Jesús debe ser reinstalada en su trabajo original y que debe levantarse una acta administrativa contra los servidores públicos responsables.

Desacato a recomendación. María de Jesús está cansada. Lleva más de 24 días sin bañarse y su salud se ha visto seriamente afectada, pues padece diabetes; a pesar de ello su protesta aún no tiene fecha de término; sus abogados le anunciaron que las autoridades están solicitando una prórroga de tiempo para cumplir con la recomendación.

En tanto, en la Oficialía Mayor del estado colocaron cámaras de video para vigilarla, y Elías Pesina Rodríguez, titular de la dependencia responsable de sus cambios de puesto, y de lo que ella califica como hostigamiento laboral, prefirió despachar en otras oficinas que encontrarse con el reclamo de la trabajadora todos los días.

Mientras, Juan Martín Gatica Izaguirre, el líder sindical que acosaba a Marichuy,  permanece en su puesto, aun  cuando la Ley de  Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado “establece que cuando un funcionario hace una cosa debe ser separado en tanto concluye el proceso”, señala desde la oficina donde permanece encadenada.

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