El general Cuauhtémoc Antúnez Pérez dejó oficialmente la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León y entró en su lugar Arturo González García, quien era comandante de la XXIII Zona Militar del estado de Tlaxcala.

Con Cuauhtémoc Antúnez, quien entregó su renuncia al gobernador alegando motivos personales en el mes de abril, repuntaron los índices delictivos en el estado.

Él sería el quinto funcionario de primer nivel que renuncia en el gabinete de Jaime Rodríguez Calderón, en apenas 18 meses de gestión.

Cuestionado sobre el hecho de que continúen las renuncias en el gobierno estatal —más de 25, entre funcionarios de primero y segundo nivel—, Manuel González Flores, secretario General de Gobierno, comentó: “La realidad es que [en el caso de Antúnez] fue una decisión personal y familiar que nosotros respetamos, no hay más renuncias, simplemente son decisiones personales, no tienen que ver con una posición del gobierno o con una baja que el gobernador lleve a cabo”.

Jaime Rodríguez agradeció al general Antúnez Pérez por los 18 meses que formó parte de su equipo. Comentó que seguirá colaborando como su asesor, pues conoce bien el estado “y no quiero desaprovechar su experiencia”; sin embargo, el general pidió unos días para estar con su familia.

Las bajas. En los 18 meses del gobierno encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, unos 25 funcionarios de primer y segundo nivel han presentado su renuncia.

De un total de 14 secretarios de primer nivel suman cuatro renuncias, incluida la de Elizondo Barragán, coordinador Ejecutivo de la Administración Pública. Antes dejaron el cargo el titular del Trabajo, Julio César Castillo (24 de noviembre de 2015); la secretaria de Educación, Esthela Gutiérrez (el 15 de diciembre de 2016), y el procurador del estado, Roberto Flores Treviño (21 de febrero de 2017).

También han renunciado cinco subsecretarios y 11 directores, entre ellos, Miguel B. Treviño de Hoyos, relacionado con Elizondo, dejó la jefatura de la Oficina Ejecutiva del mandatario local, el 19 de febrero de 2016 “por motivos personales”, aunque trascendió que fue acusado de filtrar la información sobre la compra de 200 mil cobijas al triple de su valor, realizada por Benavides Pintos, amigo personal de El Bronco.

Además se fue la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres y un jefe de la Oficina Ejecutiva.

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