Entre 2012 y 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió 58 resoluciones en las que se acreditaron 43 casos de detenciones arbitrarias, 49 de tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de 14 casos de tortura en los que las víctimas fueron mujeres, afirmó la presidenta del organismo, Sofía Velasco Becerra.

En el mismo sentido, señaló que muchas autoridades desconocen sus responsabilidades par salvaguardar los derechos humanos de las mujeres.

Al dar a conocer el Diagnóstico sobre el Acceso de las Mujeres y las Niñas a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Nuevo León, Velasco presentó también un análisis legislativo y de políticas públicas relacionadas con el tema, así como propuestas generadas desde la sociedad civil como parte de un trabajo que realizó el organismo, a raíz de la Alerta de Violencia de Género que se emitió para Nuevo León y cinco municipios, en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia para las Mujeres, el pasado 18 de noviembre.

Puntualizó la presidenta de la CEDHNL, que al menos 25 de las 58 recomendaciones citadas, “la violencia ejercida contra las mujeres estuvo acompañada de lenguaje intimidante y ofensivo” y detalló que dos de las denuncias fueron presentadas por personas de la diversidad sexual.

A través del Instituto de Derechos Humanos del organismo, se realizó además un análisis legislativo y de políticas públicas implementadas en el Gobierno estatal y administraciones municipales, a fin de proponer las modificaciones pertinentes para que cumplan mejor con su objetivo, señaló Velasco.

Precisó, fueron revisadas la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Código Civil, el Código Penal para el Estado de Nuevo León; y la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar, en las cuales fueron encontrados diversos puntos pendientes de armonizar con base en los estándares de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el análisis se destaca la necesidad de realizar estudios de medición sobre el trabajo del hogar no remunerado de las mujeres; incorporar la violencia obstétrica y la violación a los derechos sexuales y reproductivos; además de precisar los alcances y los actores encargados de la observancia de la política estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres.

Otras sugerencias a tomar en cuenta en la legislación penal, según el diagnóstico de la CEDHNL, son la urgencia de la autonomía del feminicidio, la sustitución del término “atentado al pudor” por abuso sexual, y crear el reglamento del Observatorio Estatal de Violencia.

En las reuniones de trabajo con asociaciones civiles se propuso que haya capacitación especializada a los servidores públicos en este tema, y que se promueva la educación básica y media superior con enfoque de género, que haya una ley de identidad de género, y se promuevan las leyes sobre igualdad y no violencia, y se generen lineamientos de género para los medios de comunicación.

La CEDHNL solicitó información a dependencias estatales y administraciones municipales, obteniendo respuesta de 21 autoridades, de donde se estacó que no se cuenta con un banco estadístico estatal que permita conocer las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, y tampoco se pudo corroborar la existencia de protocolos para investigar la violencia feminicida y la violencia sexual.

Entre las administraciones municipales, solamente una cuenta con un grupo de reacción inmediata para casos de violencia y cinco más tienen refugios temporales; y “en general las autoridades desconocen las dimensiones de sus obligaciones para la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres”, dijo Velasco.

afcl

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