Lamentan que Ley de Desaparecidos se tome como "botín político"

Representantes de 11 organizaciones defensoras de derechos humanos expusieron que se revictimiza a las familias de personas desaparecidas, a quienes se les envía el mensaje de que "a las autoridades no les importan nuestros desaparecidos”
30/04/2017
19:56
David Carrizales / Corresponsal
Monterrey, Nuevo León
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Después de reunirse durante tres días en esta ciudad, representantes de once organizaciones defensoras de derechos humanos del país, y que acompañan a familiares de desaparecidos, exigieron al Congreso de la Unión, autoridades y partidos, la aprobación urgente de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pues afirmaron “resulta una infamia que el tema se convierta en botín político y factor de negociación en coyunturas electorales”.

Agrupaciones de Guerrero, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y a nombre de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) hicieron un pronunciamiento luego que el Senado retrasó la entrega del dictamen de ley a la Cámara de Diputados, y ésta difirió la aprobación de la iniciativa hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el primero de septiembre.

Al clausurar la Cámara de Diputados el pasado viernes, el primer periodo del segundo año de sesiones, sin aprobar la mencionada ley, “se revictimiza a las familias de personas desaparecidas, a quienes se les envía el mensaje de que “de que, como lo han planteado madres y padres de víctimas, a las autoridades no les importan nuestros desaparecidos”, expusieron en un comunicado leído por Dora Jaimes, representante de “Alzando Voces”, de Michoacán.

Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (Cadhac) de Nuevo León, denunció una falta de interés real e inconsciencia de autoridades y legisladores, ante lo que significa la desaparición de personas en México.

En el mismo sentido, Julio Mata Montiel, representante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, mencionó que la desaparición forzada en México viene desde los años 20,30, 40, y en los 70 hay un repunte con un clima de terror en contra de ciertas poblaciones en todo el país.

“Desde aquellos momentos hasta hoy existe una total impunidad y todos los gobiernos, cámaras de diputados, senadores y los presidentes de la república, son cómplices de todo ese clima de terror e impunidad porque no se ha legislado” para prevenir y castigar las desapariciones.

Comentó Mata Montiel, la primera propuesta que surgió en el país fue La Ley General contra la Desaparición Forzada que se presentó en 1969, pero se archivó y no pasó nada. Mientras la actual ley que difirió el Congreso, es fruto de un esfuerzo de hace doce años.

Miguel Angel García, de la Asociación Esperanza, que atiende casos de desaparición en, Sonora, Sinaloa y Baja California, condenó que se tome como un asunto de conveniencias políticas, la aprobación de una ley para atender la problemática de 32 mil desaparecidos desde el Calderonato a lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo a cifras oficiales, aunque estimó que por cada caso documentado hay cuatro que no lo están.

Y lejos de disminuir este tipo de delitos siguen aumentando. Entre las víctimas se incluyen periodistas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, y migrantes. Incluso se han documentado casos en Baja California Sur donde no se tenían registrados, dijo García.

Julio Mata Montiel, consideró que la resistencia de los legisladores se da porque en muchas regiones del país, como Guerrero, la participación del Estado como perpetrador de desapariciones es muy clara, y como ejemplo están los casos concretos de Rosendo Radilla, sobre el cual incluso hay sentencias que no se han cumplido, o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la cual diversas recomendaciones han señalado al Ejército y a la policía. “Como el Estado es responsable, la urgencia de aprobar la ley no se ha atendido, y prefieren perpetuar la impunidad”, dijo Mata Montiel.

Ricardo Bermeo Padilla, de Zacatecanos por la Paz, mencionó entre los puntos de la iniciativa que provocaron conflicto y rechazo de las agrupaciones civiles, es el que la Comisión Nacional de Búsqueda no contará con policía propia, y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para acciones de investigación, lo que disminuirá su capacidad operativa.

Asimismo, no está clara la responsabilidad entre la federación y las autoridades locales sobre quién encabezaría la búsqueda, cuando “todas las experiencias que tenemos es que se trata de un problema mayúsculo, se pasan la bolita y no sabemos dónde está la responsabilidad”.

Y otro punto es que se elimina el supuesto que permitiría fincar responsabilidades a superiores jerárquicos, cuando debieron estar enterados de lo que las personas a su cargo realizaban, en delitos de desaparición forzada.

afcl

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