Acusan a funcionario de Cancún de daño patrimonial por 48 mdp

Un informe de la Auditoria Superior del Estado señala que Hugo Bonilla Iglesias alteró valores catastrales para el cobro de impuestos
07/03/2017
14:54
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún, Q. Roo.-
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El director de Ingresos Coordinados del gobierno municipal de Cancún, Hugo Favio Bonilla Iglesias, fue denunciado hoy ante la Fiscalía de Quintana Roo por probable daño patrimonial en perjuicio del municipio, por el orden de los 48 millones de pesos, durante la administración del entonces alcalde, Paul Carrillo, en 2014.

El regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Meckler, interpuso hoy una denuncia de hechos en contra de Bonilla Iglesias, por el indebido ejercicio de la función pública y daño patrimonial por 48 millones de pesos.

Meckler Aguilera relató que luego de dar lectura al pliego de observaciones, llamó su atención que “hay un faltante de 48 millones de pesos, casi 49 millones, que tiene que ver, dicho por el entonces auditor del estado, Emiliano Novelo, con manejos indebidos de la Tesorería del ayuntamiento; particularmente hace referencia a la Dirección de Ingresos, que en ese entonces dirigía Hugo Fabio Bonilla Iglesias”.

El concejal detalló que, hubo cobros “indebidos” del impuesto predial, por alrededor 48 millones de pesos, ocasionando un daño patrimonial.

“En algunos casos se metieron documentos de cobro, pero luego se emitieron unos nuevos, con un cobro más bajo. Lo que hicieron, según el propio auditor del estado, fue manipular la base de datos de Catastro, para mover la base catastral”, expuso.

En algunos casos, predios por los cuales se debió cobrar dos, tres o hasta nueve millones de pesos, pagaron 200 ó 300 mil pesos, según lo observado por el entonces Auditor estatal.

“Él argumentó que era un error aritmético; el auditor se los da por válido y les dice que tienen que cobrar las cuentas correctas, pero eso es incorrecto porque ya hay un daño patrimonial al ayuntamiento y es puede ser un hecho que puede constituir un delito, por eso lo estamos denunciando.

“Ese dinero, casi 49 millones de pesos, la forma de subsanarlo, toda vez que movieron las bases catastrales para cobrar de menos, la única forma en que debieron haber hecho para subsanar era regresar el dinero, completar el dinero que debieron cobrar, porque es dinero del ayuntamiento”, explicó.

El problema es que quien fue señalado por la ASEQROO como “presunto infractor” de manera directa, por la alteración de valores catastrales y cobros a discreción, quedó a cargo de corregirlo, estando obligado a cobrar el dinero faltante, sin que se tenga la información de si lo hizo o no, subrayó Meckler.

El concejal añadió que en esta semana acudirá al Congreso del estado para solicitar que se reabra la cuenta pública 2014 y 2015, para verificar si el dinero faltante fue completado o sólo quedó en “un error aritmético”.

De acuerdo con el pliego de observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado, Bonilla Iglesias alteró valores catastrales para el cobro del Impuesto Predial y el Impuesto sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles (ISABI).

El funcionario, quien ocupaba en esa época la titularidad de la Dirección de Ingresos, reconoció las observaciones y argumentó que se trataba de “un cobro incorrecto del impuesto, emitido por el sistema”, comprometiéndose a turnar el caso para su resolución a la Dirección de Ingresos Coordinados.

Dos años después, fue nombrado por el nuevo gobierno, encabezado por el edil, Remberto Estrada, como responsable de la Dirección que debió corregir lo observado, aplicando el cobro correcto a los contribuyentes a quienes cobró menos o completando el dinero faltante, sin que se tenga información sobre si lo hizo o no.

En el listado de casos, figuran cobros por predial de 851 mil pesos, cuando lo que debió cobrarse alcanzaba el millón 300 mil pesos, lo que supuso un faltante de poco más de 400 mil pesos.

Además de permanecer en la administración municipal, Bonilla Iglesias fue nombrado, el 25 de junio pasado, por la 14 Legislatura, como suplente del auditor Javier Zetina, quien recibió también su nombramiento ese día, en un hotel entre Cancún y Playa del Carmen.

Ambos, son señalados como parte del llamado “paquete de impunidad” que aprobó el Congreso, para “blindar” al ex gobernador Roberto Borge y funcionarios de su administración.

 

lrs

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