Piden acción penal contra funcionarios de Colima tras caso tamaulipeco

Luego de que salió a la luz que funcionarios de Colima sembraron pruebas para incriminar al ex líder del movimiento #YoSoy132 de Reynosa, Julio Cesar Jiménez, hoy su defensa exige cárcel para los servidores públicos
28/03/2017
09:14
Julio Manuel L. Guzmán / Corresponsal
Reynosa, Tamaulipas
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Luego de que salió a la luz pública la evidencia que confirma que funcionarios de la Procuraduría General de la República de Colima, sembraron pruebas para incriminar en un supuesto delito y apresar al ex líder del movimiento #YoSoy132 de Reynosa, Julio Cesar Jiménez Barrón, hoy su defensa exige cárcel para los servidores públicos.

 

Carlos Cesar Farías Ramos, defensor privado de Julio Jiménez Barrón, y del hoy ex delegado federal del INAES de Colima, Rogelio Salazar Borjas, aseguró que en el caso están implicados el mismo delegado de la PGR de dicha entidad, Ángel Jorge Aguirre González, y la Agente del Ministerio Público Federal, Norma Alicia Torres Sandoval. Esta última fue separada de su cargo la semana pasada por la irregularidad con la que actuó en este y otros casos más.

 

Destacó, que por ello se presentó una denuncia ante las propias instalaciones de la PGR en Colima, contra quien o quienes resulten responsables, y sean sancionados penalmente por las irregularidades cometidas para quitarles su libertad a sus defendidos, entres estos al tamaulipeco.

 

Y contra quien resulte responsable, que en este caso sería la agente del ministerio público federal que integró dicha carpeta, Norma Alicia Torres Sandoval, quien ya fue cesada la semana pasada con motivo que se comenzó a evidenciar en la carpeta de investigación esa actividad irregular.

 

Farías Ramos detalló que su defendido, el líder estudiantil y el ex delegado federal, ya tienen más de cinco meses de estar en prisión, por cuestiones políticas ajenas a su persona, pues las autoridades federales iban por el ex delegado del INAES de Colima, Rogelio Salazar,  y todo porque no apoyó la campaña del ahora gobernador del PRI en dicha entidad, Nacho Peralta.

 

“El 28 de octubre del 2016, mis defendidos fueron localizados en Tonila Jalisco, en situación de víctimas, por elementos de la policía municipal, estuvieron en el lugar de los hechos dos horas en el interior de los autos para después llevárselos, con la participación de autoridades estatales de Colima”.

 

“Aparentemente como dice un parte informativo, los trasladaron a Cuauhtémoc Colima, y de allí a las 12:00 del mediodía los trasladas a la delegación de la PGR con sede en la Colima, Colima”.

 

“A las 12:24 de ese 28 de octubre, el Ministerio Público Federal da noticia que recibe a estas personas y un narcótico y da inicio a la carpeta de investigación en esa forma de tiempo y circunstancias”.

 

“Sin embargo, esta defensa ha acreditado que el contenido de ese parte informativo es falso, porque tenemos pruebas contundentes que acreditan que los detenidos del lugar donde fueron localizados, de inmediato fueron trasladados a la PGR arribando a esas instalaciones a las 9:00 de la mañana”.

 

“Es decir lo que refiere el parte informativo es falso, pero aún más grave es que estas personas detenidas no estuvieron en la municipalidad de Cuauhtémoc, y lo que realmente sucedió es que en esas cinco horas del momento de su hallazgo al traslado de la PGR todo ese tiempo estuvieron a disposición del MP Federal al interior de la PGR”.

 

“Fueron cinco horas en que el MP no inicio carpeta de investigación, y esas horas bastaron para desvanecer la calidad de víctimas de las personas e iniciar la plantación de pruebas falsas y su incriminación a un delito contra la salud”.

 

Aseguró que las irregularidades están asentadas en la carpeta de investigación 390/2016 que tiene vinculación directa con la causa penal 80/2016.

 

Resaltó que tienen el efecto para acreditar la inocencia de sus defendidos y la culpabilidad de los funcionarios de la PGR, y esto se va a revelar en Audiencia, pues fueron falsamente inculpados, encontrándose en una negación de sus derechos, por no reconocer su calidad de víctimas.

 

“Esta es la gravedad de este asunto el no reconocimiento de calidad de víctimas de secuestro, el caso de tortura del que fueron víctimas,  y su posterior incriminación”.

 

“Esta defensa tiene todas las pruebas para revelarlas en esa audiencia, pues tenemos la certeza contundente que el licenciado Ángel Jorge Aguirre González tendrá una responsabilidad administrativa y de carácter penal, y en este mismo caso está la agente del MPF, quien de alguna manera, por si misma o por seguimiento a instrucciones dadas por el delegado de la PGR, llev a cabo la investigación en contra de los hoy imputados”, apuntó.

 

Para concluir el defensor Carlos Cesar Farías, aseguró que tiene la plena confianza de que la justicia federal aplique las sanciones penales correspondientes contra dichos servidores públicos, y que dicte a la brevedad posible la liberación de las víctimas.

 

cfe

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