“Saludamos a todos los asistentes en el rincón más olvidado de lapatria”, dice una manta blanca colocada en una pared de madera de la casa comunal de Nuevo San Andrés, una localidad perteneciente a la agencia de Santa María Chimalapa. Se trata de un paraje de aproximadamente 480 hectáreas ubicado dentro de una área en conflicto agrario entre Oaxaca y Chiapas.

La manta es un recordatorio del sentir de este pueblo chiapaneco que en 2015 reconoció ocupar tierras comunales de Oaxaca. Aquí viven familias tzotziles, quienes acusan el abandono por parte del gobierno federal y estatal.

Para llegar a Nuevo San Andrés es necesario hacer un recorrido en vehículo de una hora y media en un camino terracero y enmontado. Se atraviesa la zona más devastada del territorio Chimalapa. Los rastros de los daños están por todos lados: ganadería, explotación forestal, invasores y chiapanecos. El visitante tiene por fuerza que cruzar las tierras de Cintalapa, Chiapas, camino enemigo para todo comunero zoque-chimalapa. El riesgo es alto, puede ser atacado por pistoleros del grupo paramilitar Ejército Chamula, que busca recuperar los 480 hectáreas de tierra que controlan los habitantes de esta olvidada población de tzotziles chiapanecos.

Nace un territorio

Nuevo San Andrés nació por un conflicto en la tenencia de la tierra como resultado de un enfrentamiento histórico en la frontera entre Oaxaca y Chiapas. En 2008 autoridades del municipio de Cintalapa intentaron deslindarse de Nuevo San Andrés y entregar la zona a particulares con el argumento de que era terrenos “nacionales”. Se trataba de un plan para seguir avanzando en la invasión al territorio de los Chimalapas en Oaxaca, pues las tierras están dentro del polígono de Santa María Chimalapa.

A finales de 2010, el municipio chiapaneco de Cintalapa, mediante el líder Elías Hernández Hernández, convocó a indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas, específicamente de San Andrés Larráinzar, para invadir terrenos oaxaqueños y formar un nuevo asentamiento que bautizaron como Nuevo San Andrés. El municipio de Cintalapa entregó una constancia de posesión a nombre de Elías Hernández, mediante el cual reconoce la posesión de 680 hectáreas de la invasión. Entonces Hernández entregó porciones de terrenos a indígenas tzotziles e inició con las gestiones ante dependencias federales agrarias para la regularización y reconocimiento de las tierras ocupadas.

Un pequeño llano

Desde hace 10 años, alrededor de 100 personas de 20 familias tzotziles provenientes de los Altos de Chiapas integran la comunidad de Nuevo San Andrés. Las casas están dispersas por un pequeño llano. El pueblo está rodeado de cerros ya pelones, deforestados.

La comunidad posee un aula de primaria recién construida, la única de concreto; el resto es de madera. Durante mucho tiempo los niños no tuvieron acceso a la educación. No poseen una tienda comunitaria, ni una clínica de salud. Tienen energía eléctrica, pero el agua la acarrean desde un río que rodeo la población. Prácticamente Nuevo San Andrés no existe en los registros oficiales para recibir beneficios de los servicios públicos básicos, ni en los de Oaxaca ni en los de Chiapas.

“Estamos prácticamente abandonados por el gobierno estatal y federal. No tenemos acceso a salud, los niños están enfermos, no tenemos ni una pastilla. No recibimos ni una despensa del gobierno. Apenas nos dieron educación y ahora se complica porque nos tienen amenazados y más de 15 días casi no salimos por miedo a ser atacados otra vez. Se está agotando los productos básicos, porque tenemos que bajar hasta Cintalapa, que es el pueblo más cercano para ir por víveres, pero con las amenazas, ya ni bajamos; aquí estamos casi secuestrados”, explica Ramiro Luis Pérez, agente municipal.

Aquí se vive amenazado y con el temor de ser atacado por el Ejército Chamula.

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Vivir secuestrados

Desde el 24 de febrero, los tzotziles de esta comunidad no pueden salir. Ese día, nueve habitantes de la comunidad fueron atacados por integrantes del Ejército Chamula cuando regresaban de conseguir víveres en Cintalapa. El grupo armado es dirigido supuestamente por el chiapaneco Miguel López. Las amenazas son concretas: los tzotziles serán arrasados un día y Chiapas recuperará el territorio en pugna.

La petición, explican, no es mucha. Exigen que el gobierno federal y estatal les brinde seguridad con un destacamento militar y de policías estatales, pero sólo han obtenido silencio. “No nos mandan seguridad, por más que ya denunciamos el ataque que sufrimos. Yo fui uno de los atacados, ese día no pude escapar y me golpearon, me amarraron y me arrastraron por el camino y me tuvieron secuestrado, me amenazaron de que me matarían si no me voy del pueblo, que matarán a todos”, narra Lorenzo Gómez, secretario municipal.

Lorenzo se pregunta una y otra vez cómo va irse de una tierra que compró hace ocho años por 15 mil pesos. “Nos engañaron, nos dijeron que no eran de nadie y caímos”, cuenta todavía con heridas en el rostro.

Para las mujeres del pueblo la situación puede agravarse más. Así se lo expresaron a los integrantes de la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés, que arribó el sábado 18 de marzo a la comunidad. Angustiadas, al menos 50 mujeres contaron sobre el miedo que tienen de que un día sean atacados en su propia comunidad; además, expresaron su preocupación por la falta de víveres y la situación de dos embarazas y más de una docena de niños enfermos que requieren atención médica, a la cual no han tenido acceso por que su comunidad está sitiada.

Ejército Chamula

La situación que vive Nuevo San Andrés puede rastrearse hasta principios de 2015, cuando llegó a la comunidad Miguel López López, un tzotzil originario de San Andrés Larráinzar. Venía acompañado con personas vinculadas al grupo paramilitar que se hace llamar Ejército Chamula; de forma violenta, expulsa del territorio al antiguo líder, Elías Hernández, y toma el control del asentamiento.

Miguel López invita a más indígenas de Los Altos de Chiapas a ocupar terrenos dentro de Nuevo San Andrés y cobra un pago de ingreso de 15 mil pesos; los terrenos de 30 hectáreas son vendidos entre 40 mil a 100 mil pesos. Luego, presiona a los habitantes del asentamiento a realizar actos delictivos contra los ranchos y poblados que colindan. Lo más grave fue el robo y lesiones a los dueños del rancho El Tule, en Cintalapa, Chiapas, acción que la mayoría de los pobladores de Nuevo San Andrés reprobó.

Por esos hechos, una asamblea de la comunidad expulsó del asentamiento a Miguel López y a sus seguidores —unas cinco familias— y nombraron como nuevo representante a Ramiro Ruiz Pérez. Miguel López y sus seguidores se refugiaron en Cintalapa, pero por los delitos cometidos en el El Tule, fueron detenidos gracias a la presión realizada por los dueños del rancho y por la gente que se quedó en Nuevo San Andrés.

Sin el líder, los pobladores de Nuevo San Andrés se abrieron al diálogo con los pobladores de las localidades de José López Portillo y de Río Frío, pertenecientes a Santa María Chimalapa en Oaxaca. Así, la comunidad reconoció que vive dentro de terrenos de Los Chimalapas.

A finales de 2015 el municipio de Santa María reconoció el asentamiento de Nuevo San Andrés como su localidad, por ello, los tzotziles chiapanecos fueron citados, regañados, presionados y hostigados por funcionarios del gobierno de Chiapas y Cintalapa.

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