Activistas del Congreso Nacional Ciudadano (CNC) impidieron por segundo día consecutivo la entrada y salida de vehículos a las terminales de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cadereyta y Santa Catarina, Nuevo León.

De esta última, los manifestantes se retiraron cuando policías federales amagaron con detener a su dirigente Gilberto Lozano y a otros inconformes.

Lozano informó que, con excepción de Chiapas, fueron bloqueados 37 centros de distribución de Pemex en el resto del país como parte de una jornada nacional contra el gasolinazo “que va más allá de la marcha y la protesta”.

El líder del CNC dijo en que el objetivo de este boicot es ahorcar al gobierno federal que “está viviendo de los 14 pesos que le quedan en cada litro de gasolina y el diesel vendido, ya cubriendo el costo de extracción”.

Por su parte, los ciudadanos que bloquearon una terminal ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, señalaron que éste será levantado hasta hoy; resultó afectada la operatividad de seis aeropuertos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Jalisco.

Mientras tanto, en Toluca, Estado de México, miembros del CNC se colocaron frente al centro de distribución, ubicado en paseo Tollocan, y no permitieron la salida de pipas a fin de exigir la elimincación del impuesto a las gasolinas.

Intenta recuperar predio. En Ixmiquilpan, Hidalgo, la situación se tensó, debido a que pobladores de El Valante pretendieron apoderase del terreno que ocupa la Policía Federal, pese a que esto forma parte de los acuerdos a los que llegó el gobierno estatal con los integrantes del Movimiento de Ixmiquilpan contra el gasolinazo.

Ayer por la mañana, un grupo de vecinos acudió hasta lo que era la sede de la PFP —que durante el enfrentamiento del cinco de enero fue incendiada— y comenzaron labores de limpieza, al señalar que se tienen algunos proyectos, por lo que reclamaron el terreno para construir una biblioteca; aseguraron que las oficinas de la PFP, pertenecen a su comunidad

Sin embargo, un grupo de representantes del Movimiento, entre ellos Jorge Chávez, acudieron a retomar estas oficinas, ya que, destacaron, forma parte de las gestiones que se realizaron con el secretario de Gobierno, Simón Vargas.

Acusaron que la toma de las oficinas por habitantes de El Valante es una provocación para un enfrentamiento y no descartaron que se trate de un hecho organizado desde el gobierno.

Responsabilizaron de cualquier brote de violencia al diputado panista Cipriano Charrez Pedraza a la regidora Sonia Judith López y a quien identifican como arquitecto, Arturo Salcedo, ya que fue Sonia Judith la que se encontró al frente de esta invasión al terreno.

Jorge Chávez precisó que en los acuerdos con el secretario de gobierno, se determinó que este grupo comenzaría las gestiones de cambio de beneficiario en lo que respecta al terreno comunal y se analizan algunos usos que podría tener en beneficio de toda la Ciudadanía, entre ellas la posibilidad de una radio comunitaria.

Google News

Noticias según tus intereses