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Nacieron muertas. Sólo existen en papel, algunas surgieron tras una desgracia, por necesidad o por ocurrencias, otras al calor del hartazgo social. Se trata de leyes que han ido reformando la Constitución Política Mexicana y de los estados.

La Ley 5 de Junio, la Ley Psicólogos en las Escuelas y la Ley de Protección a Madres Jefas de familia son tres ejemplos del trabajo legislativo que no ha funcionado en Sonora.

La diputada priísta Iris Sánchez Chiu reconoció que existen leyes aprobadas en diferentes periodos legislativos, pero su aplicación es difícil.

Una de éstas, dijo, es la Ley 5 de junio, aprobada en junio de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de julio del mismo año. Esta iniciativa regula las guarderías en Sonora.

Fue impulsada por la sociedad civil a raíz del incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y en el que murieron 49 menores y más de 100 resultaron lesionados.

Uno de los principales puntos que establece esta ley es la distancia entre estancias infantiles y planteles escolares con gasolineras.

La diputada recordó que el propio secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, dijo que la ley no es retroactiva y no puede proceder legalmente contra las estancias ya instaladas porque costaría millones de pesos en demandas.

“Las decisiones se tomaron más de manera sentimental que de otro sentido y se dio tiempo determinado para cumplirse; muchas guarderías que tienen mucho tiempo no se van a poder reubicar, muchos niños se quedarían sin guardería y eso perjudica a las familias en su día a día”, dijo.

Sin especialistas. El 24 de octubre de 2013 el Congreso aprobó la Ley de Psicólogos en las Escuelas, impulsada por el ex diputado Vernon Pérez Rubio Artee, para que se contraten especialistas en los planteles educativos.

La legisladora panista Lisette López Godínez comentó que de 2016 a 2018 deberían estar contratados cerca de 2 mil 200 psicólogos para los planteles de educación básica.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins, informó que hasta la fecha se ha logrado contratar sólo a 132 psicólogos, quienes cubren en 80 escuelas primarias y 44 secundarias.

“Estamos hablando de 36 mil 656 alumnos de primaria y 31 mil 889 alumnos de secundaria”, detalló.

La legisladora había propuesto cubrir esa demanda que existe de sicólogos y echar mano de las instituciones educativas para contar con estudiantes que puedan prestar su servicio social y que los recursos del ahorro por la política de austeridad se puedan destinar para cumplir con un psicólogo por cada 300 estudiantes.

Con la falta de atención sicológica en las escuelas de Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura incumple con la Ley General de Educación, que exige un experto por cada 300 alumnos.

En el aire. El 21 de noviembre del 2008, se aprobó la Ley de Protección a Jefas Madres de Familia y se publicó en el Boletín Oficial el 8 de diciembre del mismo año; fue impulsada por la ex diputada del PRD Petra Santos Ortíz, que contempla otorgar servicios médicos y becas para que sus hijos tengan una atención integral. La ex congresista fundamentó en su momento que en Sonora existen 200 mil mujeres en esa condición. Dicha ley nunca se aplicó.

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