Los empresarios que reclaman el pago de “supuestos adeudos presentaron facturas con sobreprecios hasta de más del mil por ciento”, y fueron contraídos principalmente durante la gestión del ex gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2102) -actual cónsul de México en Orlando, Florida-, informó el secretario Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera.

Policías estatales desalojaron de la Torre Chiapas a un grupo de empresarios que reclamaba al gobierno el pago de una deuda de 199 millones de pesos.

En el operativo detuvieron a varios manifestantes -incluido el dirigente Rafael Jiménez Arechar- que ingresaron al centro penitenciario El Amate.

Los detenidos, integrantes de la organización Empresarios Chiapas Organizados (ECHO), son acusados de despojo agravado tras haber permanecido con sus campamentos en el patio interior del inmueble que alberga oficinas de los tres niveles de gobierno.

Fueron arrestados además de Jiménez Arechar, Jorge Ricardo “N”, Óscar Alfonso “N”, Luis Armando “N”, Sayi Yazmín “N”, y Mercedes del Carmen “N”, a quienes se les vinculó a proceso, además de 57 personas más que fueron liberadas ayer.

En un comunicado, el titular de Salud en la entidad afirmó que “los supuestos adeudos contraídos con el grupo de proveedores que se manifestaron en los últimos días fueron contraídos principalmente en el gobierno de Sabines Guerrero, particularmente entre los ejercicios fiscales de 2008 a 2012”.

Aunque afirmó que el gobierno estatal ha mantenido un diálogo constante con ellos (los empresarios) con el objetivo de establecer una ruta de trabajo que permita liquidar los pasivos, previa revisión y compulsa entre los proveedores y la autoridad estatal, en un proceso abierto y transparente.

En esa dinámica, dijo, se documentó que existen casos de proveedores que vendieron al gobierno anterior y cuyas facturas presentan “sobreprecios, no cuentan con contratos y pedidos, actas de adjudicación o incluso no existe documentación de soporte original que acredite las ventas que hicieron”.

Ejemplificó que medicamentos como el ketorolaco, en una factura emitida en 2012 "tenía un precio unitario de 46 pesos con 20 centavos, que contrasta con el precio máximo autorizado en el catálogo de la Secretaría de Salud federal, de 3 pesos con 68 centavos, lo que refleja un sobreprecio de mil 183 por ciento, más de 10 veces su valor”.

Ortega Farrera expuso que la deuda que los empresarios reclamaron a principios de 2016 ascendía a 197 millones de pesos, de los cuales 37 millones correspondían al gobierno actual y 160 millones a la administración anterior.

Del monto total, señaló, se han pagado 61 millones de pesos, los cuales fueron validados por las dependencias, que realizaron verificaciones físicas; "revisaron que las compras se hayan realizado bajo la normatividad y conciliaron en muchos casos con proveedores con deudas que ya habían sido saldadas".

El vocero de los empresarios, Jiménez Arechar, exigía el pago de la deuda de alrededor de 199 millones de pesos porque “ésta se avala con la respectiva documentación suscrita con el gobierno”.

Aseguró que los proveedores de gobierno disponen de las cédulas de pago con firmas “completamente originales, copias certificadas de facturas, recibos y otros documentos, para verificar la deuda”.

spb

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