Priscila regresa con su familia, tras rapto

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Juchitán.— Después de 13 días de que Jacinto Vásquez Sánchez, de 25 años, raptó a la niña Priscila Ramírez Caballero, de 12, de la comunidad de San Antonio Nuevo Paraíso, agencia de Santa María Chimalapa, los padres de la menor la recibieron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Matías Romero, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec.

La niña fue dejada el sábado 18 de febrero en un hotel de la comunidad de Palomares por los hermanos de Jacinto; contó que le instruyeron que buscara al otro día a las autoridades del pueblo, retirara la denuncia contra el raptor y si quería regresar con ellos, que les marcara por teléfono.

Ella buscó a agentes municipales de Palomares el domingo 19 y éstos la transfirieron a la fiscalía que lleva el caso, luego la trasladaron hasta el Ministerio Público de Matías Romero; después de interrogarla por dos horas, sin la presencia de los padres, fue revisada por un médico, para luego ser entregada a los padres; ningún sicólogo la atendió.

“Mi niña me la entregaron dos horas después de interrogarla. La vio un médico para ver si no traía golpes. Le preguntaron si quería irse a un DIF o quedarse con nosotros, ella dijo que con nosotros. La botaron en Palomares, la policía nunca la rescató. El agente nos dijo que él ya cumplió con traerla con bien. Ahora exigimos que Jacinto reciba un castigo por lo que hizo, porque nos la robó y abusó de ella; no queremos que otra niña pase por lo mismo”, declaró Leonor Caballero García, madre de Priscila.

Los padres y la menor volvieron a solicitar el apoyo de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en Juchitán para que se castigue tanto a las autoridades de la fiscalía de Matías Romero y Palomares por actuar con negligencia en su caso, como a Jacinto y sus familiares, por el secuestro.

El caso. El 6 de febrero, Priscila fue raptada de la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, Oaxaca, por Jacinto, residente del ejido El Luchador, agencia de Uxpanapa, Veracruz, con el fin de mantener una supuesta relación con la menor bajo el sistema de usos y costumbres.

Pese a que el reporte de su desaparición fue levantado desde el 8 de febrero, el trato otorgado al caso por parte del personal de las oficinas de la PGJ (fiscales y comandante) de la ciudad de Matías Romero fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación, acusó el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, asesores de la familia.

“Se violaron los derechos de la familia de la niña víctima, el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma. El extremo fue que la policías ministeriales de la oficina de la fiscalía en Palomares les dijeron a los papás que se arreglaran con Jacinto y aceptaran a cambio unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos y ya”, informó Miguel Ángel García, coordinador regional.

Fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 días se logró la recuperación y entrega de la menor.

Se exigió a la Fiscalía General de Justicia una investigación exhaustiva, pronta y con perspectiva género, para investigar todos los hechos y que como como resultado de dicha indagación se otorgue castigo ejemplar, con todo el rigor de la ley, al responsable y a quien o quienes resulten cómplices de la privación ilegal y lo que resulte de la menor.

También urgieron a la reparación integral del daño a Priscila y a sus padres, que incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables. Además, el pago de todos los gastos realizados por la familia, así como atención médica y sicológica a la niña y a sus padres.

En contraste, el fiscal de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, informó que en todo tiempo se siguió el protocolo por la no localización de la menor hasta dar con ella y entregarla a sus familiares.

Dijo que por la gravedad de los hechos y por ser una menor de edad se judicializará el caso, además de que se abrirá un expediente de investigación para los funcionarios y agentes señalados en el supuesto intento de convencer a los familiares de la niña de llegar a un “acuerdo” con Jacinto.