Desalojan Torre Chiapas y detienen a empresarios

Los empresarios mantenían campamentos en el patio interior del inmueble en reclamo del pago de un adeudo por parte del gobierno estatal
02/02/2017
11:38
Oscar Gutiérrez / Corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Policías estatales desalojaron de la Torre Chiapas a un grupo de empresarios que reclamaba al gobierno el pago de una deuda de 199 millones de pesos.

En el operativo detuvieron a varios manifestantes -incluido el dirigente Rafael Jiménez Arechar- a quienes ingresaron al centro penitenciario El Amate.

Los detenidos, integrantes de la organización Empresarios Chiapas Organizados (ECHO), son acusados despojo agravado tras haber permanecido con sus campamentos en el patio interior del inmueble que alberga oficinas de los tres niveles de gobierno.

La Procuraduría General de Justicia informó que fueron arrestados además de Jiménez Arechar, Jorge Ricardo “N”, Óscar Alfonso “N”, Luis Armando “N”, Sayi Yazmín “N” y Mercedes del Carmen “N”, así como 57 personas más a quienes se les recabará su declaración ministerial respecto de la indagatoria de los hechos.

En un comunicado, la dependencia indicó que el operativo para “ recuperar” el inmueble derivó de una denuncia interpuesta por la representante legal de la sociedad operadora de la Torre Chiapas.

“El grupo invasor reclama una serie de adeudos por parte del gobierno del estado, instancia que ha ofrecido una mesa de diálogo para atender este tema”, argumentó.

El fiscal especializado Adulfo Chacón Ruiz señaló en el comunicado que los casos que no han sido pagados es porque en éstos se observaron “serias irregularidades, pues en algunos casos las facturas presentan sobreprecios, no cuentan con contratos y pedidos, actas de adjudicación”.

Incluso, “no existe documentación de soporte original que acredite las ventas que hicieron al gobierno, por lo anterior se determina que no se puede pagar por servicios inexistentes o que representen un agravio premeditado a la institución, y que las supuestas ventas se hicieron durante el gobierno anterior y no están acreditadas”.

El fiscal enfatizó que quienes no obtuvieron solución en las actuales instancias “están en su derecho de buscarla a través de las vías jurisdiccionales correspondientes, pero no se cederá ante protestas de grupos que no tienen sus adeudos justificados”.

De acuerdo con la carpeta de investigación 0018-101-2001-2017, iniciada por el delito de “despojo”, el 23 de enero unos 200 manifestantes ingresaron de “manera violenta al lugar, posesionándose de la plaza cívica donde instalaron casas de campañas impidiendo el libre acceso al personal y a los usuarios”.

Rafael Jiménez Arechar exigía el pago de la deuda de alrededor de 199 millones de pesos porque “ésta se avala con la respectiva documentación suscrita con el gobierno”.

Y que los proveedores de gobierno disponen de las cédulas de pago con firmas “completamente originales, copias certificadas de facturas, recibos y otros documentos, para verificar la deuda”.

Aunque el empresario acusó al gobierno de destruir, extraviar o esconder los soportes de la documentación para complicar y no cumplir con la liquidación de los pasivos.

 

spb

 

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