Ley de agua. Cómo una megaprotesta logró frenar una iniciativa

Una marcha de casi 60 mil personas consiguió que el gobierno de BC bajara una complejo plan que pretendía privatizar el líquido
Luego de que opositores y ciudadanos conocieron a detalle la iniciativa de ley, el 15 de enero más de 60 mil ciudadanos tomaron el Centro de Gobierno. Días después, el gobernador anunciaba que impulsaría la abrogación el proyecto (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
25/01/2017
01:27
Laura Sánchez / corresponsal
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Mexicali

Los gritos se escuchaban hasta el interior del Congreso de Baja California: “¡Tienen que dejarnos entrar!”. Adentro, en cambio, pocos los querían escuchar. La puerta estaba atrancada y resguardada por unos 10 hombres que impedían el paso con sus cuerpos. La mayoría cubrían su rostro con el gorro de su chamarra; con las manos tapaban sus rostros maltratados por la calle. Evidenciaban las drogas que algún día consumieron.

Los hombres que resguardaban el interior de la Cámara de Diputados local llegaron de un centro de rehabilitación en Tijuana y sustituyeron al personal de seguridad habitual.

El 20 de diciembre, con la puerta cerrada, 15 diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron a favor de una iniciativa presentada por el gobierno estatal: la ley de agua.

Eran los mismos partidos que hace tres años acompañaban al ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid, cuando era candidato por la gubernatura de Baja California.

Esa noche los reporteros de la capital fueron agredidos, les impidieron el paso y evitaron que fotografiaran la sesión en el recinto público.

Al día siguiente, Baja California amanecía con una noticia: los diputados locales aprobaron una ley que privatizaba el servicio del agua y aumentaba las tarifas del agua potable.

La polémica legislación

La justificación del gobernador era que en un estado con sequía extrema, la nueva ley de agua garantizaba que el líquido nunca faltara.

La iniciativa era abstracta y pocos ciudadanos comprendieron las implicaciones de esa noche: desaparecían las cuatro comisiones de Servicios Públicos para dar paso a dos “Zonas Metropolitanas” y se centraría en la iniciativa privada la “prestación total o parcial del servicio público”, por lo que estaría bajo su control la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, el aprovechamiento y administración de aguas residuales tratadas, la operación y mantenimiento de sistemas destinados a la prestación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.

La justificación era “capitalizar, mejorar, ampliar y hacer más eficientes los servicios públicos” y contemplaba la concesión de los servicios a través de contratos por licitación o adjudicación directa de asociación público o privada.

Las concesiones se otorgarían por el tiempo necesario para recuperar las inversiones y obtener la utilidad razonable que debe percibir el concesionario: no podía exceder 30 años.

La organización

Desde los últimos días de diciembre los bajacalifornianos comenzaron a recibir noticias desde la capital: el definitivo incremento a los combustibles y la caída del peso.

Por un dólar tenían que pagar hasta 21 pesos en un estado donde las rentas y las mensualidades de un auto se pagan en dólares, y donde la ropa se compra al “otro lado”.

Cuando se convocaban marchas y protestas, apenas acudía un grupo pequeño de ciudadanos. Sin embargo, el 21 de diciembre despertaron con dos noticias: el servicio de agua potable incrementaba 20%, como parte de la propuesta de ley de agua, y el gobernador había fijado un nuevo impuesto: mil 200 pesos por cambiar el diseño de las placas de los automóviles.

Rápidamente en redes sociales, grupos ciudadanos y políticos de oposición a los partidos que votaron la iniciativa empezaron a difundir la nueva ley, a explicar en qué consistía y cómo afectaba a la población.

Morena se oponía tajantemente: argumentaron que la iniciativa afectaba tremendamente a las familias. Incluso, el grupo parlamentario del PRI se unió al reclamo de la izquierda.

A partir de la primera semana de enero miles de personas comenzaron a manifestarse de norte a sur: en Tijuana, por ejemplo, liberaron las plumas de la garita internacional para ingresar a México de Estados Unidos.

En Tecate, un pequeño municipio vecino, todos los días un grupo de ciudadanos dejaban pasar los carros que se dirigían por la carretera de cuota a la capital del estado, Mexicali.

En Ensenada, el municipio que registra el mayor desabasto de agua del estado, realizaron marchas en comunidades de jornaleros, sobre todo al sur en San Quintín.

Pero fue en Mexicali donde más de 60 mil ciudadanos exigieron a un solo grito: “¡Fuera Kiko! ¡No a la privatización del agua!”. Durante 15 días los ciudadanos norteños presionaron al gobernador hasta que finalmente abrogó la ley.

Aunque el mandatario intentó comunicarlo en una conferencia de prensa en el Centro de Gobierno, no pudo ingresar porque los ciudadanos mantenían tomado el recinto.

Marcha atrás

La primera manifestación en la ciudad de Mexicali que provocó que el gobernador de Baja California diera el primer revés fue el 12 de enero. Miles protestaron en el Centro de Gobierno. Maestros, estudiantes y jornaleros de San Quintín externaron su repudio. Medios locales reportaron una afluencia de 10 mil personas.

Un día después, Francisco Vega anunció que eliminaría el reemplacamiento de los vehículos que circulan en el estado y en el tema del agua se brindarían descuentos hasta de 20%.

No fue suficiente. A través de las redes sociales se invitaba a la ciudadanía a no conformarse, a hacer activismo “fuera del Facebook”. Los “likes no sirven”, advertían en la red social.

El domingo 15 de enero, en los cinco municipios de Baja california se manifestaron contra el gobernador. Más de 60 mil ciudadanos acudieron al Centro de Gobierno. El martes 17 de enero la conferencia de prensa tuvo que realizarse en las instalaciones de la Comisión porque el grupo de ciudadanos mantenía bloqueadas las entradas a los edificios del gobierno estatal, municipal y el Congreso del Estado para exigir dar marcha atrás a esta medida.

Finalmente, Francisco Vega de Lamadrid anunció que remitiría al Congreso local una iniciativa para abrogar esta ley.

El mandatario admitió que luego de este inusitado movimiento social, decidió eliminar la propia ley que él impulsó, así como los incrementos al servicio que contemplaba.

Sorprendentemente, en su intervención, Vega de Lamadrid nunca admitió que dicha ley buscaba la privatización del servicio, a pesar de que esto fue el principal detonante del repudio social que generó su iniciativa.

“Desde que inicié mi campaña a la gubernatura di a conocer mi convicción de escuchar a los ciudadanos y dije que conmigo la gente manda”, declaró aquella ocasión.

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