Gobernador recula: pide abrogar ley de agua

Tras protestas, anuncia que enviará al Congreso iniciativa para echar abajo legislación que privatiza el servicio
Protesta. El domingo, miles de bajacalifornianos marcharon contra la ley que privatiza el servicio de agua potable y contra el gasolinazo (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
18/01/2017
01:28
Laura Sánchez / corresponsal
-A +A

Mexicali.— Luego de que el pasado domingo más de 60 mil bajacalifornianos marcharon para exigir la eliminación de la ley que privatizará el servicio de agua potable en la entidad, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció que remitirá al Congreso local una iniciativa que abrogue esta legislación.

En conferencia, Vega de Lamadrid admitió que después de este inusitado movimiento social, ha decidido eliminar la ley que él mismo impulsó y que incluía incrementos al servicio.

La rueda de prensa tuvo que realizarse en las instalaciones de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali, debido a que desde el domingo por la tarde un grupo de ciudadanos mantienen bloqueadas las entradas a los edificios de los gobiernos estatal, municipal y el Congreso del Estado, donde se exigía se diera marcha atrás a esta medida.

En su intervención, Vega de Lamadrid nunca señaló que dicha ley buscara la privatización del servicio, a pesar de que esto fue el principal detonante del repudio social que generó su iniciativa.

La ley fijaría un aumento a las tarifas de agua de alrededor de 20% y se centraría en el dominio de la iniciativa privada en la “prestación total o parcial del servicio público”.

Eso implicaba la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos; el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y la administración, operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Aunque con la justificación de “capitalizar, mejorar, ampliar y hacer más eficientes y eficaces los servicios públicos”, contemplaba la concesión de servicio —a través de contratos por licitación o adjudicación directa— y la concesión de los bienes necesarios para la prestación del servicio.

Además de la abrogación, el gobernador anunció otra serie de medidas de austeridad en su administración, como la disminución de sueldos de la alta burocracia, ahorros en partidas de gasto corriente y otras más que, comentó, se detallarán en los siguientes días.

Anoche, el Congreso estatal anunció que los diputados que avalaron en diciembre la polémica iniciativa, ahora respaldarían al gobernador para abrogarla.

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS