¡Broncos! Buscan justicia por mano propia

Desde inicios de la década de los 90, ciudadanos de Chiapas se organizan para confrontar a las autoridades en demanda de obras y programas sociales
En julio de 2016 indígenas de San Juan Chamula bloquearon el acceso a Tuxtla Gutiérrez para exigir el cumplimiento de proyectos productivos (FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
16/01/2017
01:30
Fredy Martín Pérez / Corresponsal
-A +A

Tuxtla Gutiérrez

Caían los últimos rayos del sol cuando José López Méndez, alcalde de Tenejapa, observó que un grupo de indígenas tzeltales se venía contra él. Los tres agentes de la policía municipal que lo resguardaban accionaron sus armas contra los inconformes en un intento para dejarlo escapar, pero el priísta fue alcanzado y cercado.

“¡Te querías escapar cabrón!”, alcanzó a escuchar, a la par que unas manos se aferraban a su chamarra de piel negra. No opuso resistencia. Sintió miedo, pero entendió que era mejor “cooperar” o no viviría para contarlo.

Teniendo como rehén a José López, los indígenas desarmaron a los escoltas, subieron a la patrulla al presidente municipal y dieron la orden al chofer para que tomara camino hacia la comunidad de Tzajalchén.

Frente a la agencia municipal del poblado, lo sentaron en una silla de madera e hicieron correr la voz de que había sido detenido, así todos los hombres, mujeres y niños se acercaron para verlo y gritarle improperios.

La noche de aquel domingo 3 de abril de 2016 los indígenas sirvieron cuatro platos de comida y les acercaron una jarra de agua. José y los policías tenían hambre y los devoraron; después fueron encerrados a “piedra y lodo” y la agencia municipal permaneció rodeada de hombres armados con piedras y palos, quienes le reprochaban la falta de voluntad para realizar obras.

Al siguiente día, los tzeltales convocaron a los habitantes a que se concentraran en la cancha de la comunidad para que presenciaran el castigo que le darían al alcalde.

Uno de lo hombres llegó con unas enaguas de tenejapaneca (falda indígena) entre las manos y se la entregó al líder. Minutos después el hombre se acercó al alcalde y le pidió que se pusiera la falda azul y que diera varias vueltas sobre la cancha de basquetbol.

La risas de los tzeltales retumbaron como metal que resuena en los oídos del alcalde. “¡Así te queríamos ver cabrón!”, “¡Eso te pasa por no cumplir tu palabra!”, fueron las ofensas menos agresivas que escuchó.

El alcalde fue liberado dos días después, tras pagar una multa de 800 mil pesos al ser acusado de incumplir con la introducción de una red de tubería entre Tzajalchén y El Retiro.

Además, lo hicieron firmar una minuta en la que asentó que el ayuntamiento de Tenejapa se comprometía a iniciar la apertura del camino de aproximadamente 500 metros lineales.

De las armas que llevaban los tres policías nada se supo.

La ley del más fuerte

El investigador Arturo Lomelí asegura que en Chiapas, cuando los ciudadanos están inconformes con sus autoridades o demandan obras, recurren a los bloqueos carreteros, detenciones, humillaciones y amenazas a funcionarios para presionar a los gobiernos.

El año 2016 fue significativo porque los reclamos y confrontaciones cobraron la vida del presidente municipal en San Juan Chamula; en otra ocasión, el presidente del Congreso del estado fue raptado y humillado para exigirle que solicitará la renuncia de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.

En Teopisca se perdió la cuenta de las veces que el alcalde Abel Tovilla Carpio fue retenido en las comunidades, presuntamente por incumplir su palabra.

Este año se avizora similar, pues el pasado 7 de enero la alcaldía y la casa de la alcaldesa de Copainalá (PVEM), Ana Isabel Bonifaz Martínez, fue incendiada por pobladores, así como una gasolinera de su propiedad. Los ciudadanos acusan que la presidenta municipal tiene una banda de hombres armados presuntamente a su servicio, quienes, entre otras cosas, se apropian de la contrucción de obras.

Después, el martes 10, pobladores de la comunidad La Constitución, municipio de Las Margaritas, retuvieron a seis trabajadores de la Secretaría de Salud y uno de la delegación de gobierno. Fueron liberados cuatro días después, luego de la intervención de las autoridades estatales que se comprometieron a fortalecer los servicios médicos en la zona.

Arturo Lomelí, autor de Los servidores de nuestros pueblos, detalla que este tipo de acciones no son nuevas, pues desde antes de los años noventa, con la fundación de las organizaciones magisteriales, se comprobó que si los profesores no se movilizaban, no eran escuchados por el gobierno. La premisa fue tomada por el pueblo y, desde entonces, esta “fue la manera de hacer política y negociación”.

La estrategia

Las comunidades más alejadas de los centros de poder se empezaron a mover bajo este esquema porque “mientras no se movilicen, no van a encontrar nada del gobierno”, decían los maestros a los indígenas y campesinos.

Añade que al paso de los años las protestas escalaron hasta volverse “grotescas”. Recuerda que en el pasado conflicto magisterial hasta había una agenda de las organizaciones que tomarían la caseta de peaje de la vía San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo.

Los indígenas, campesinos y miembros de organizaciones sociales, han trivializado a la autoridad, todo porque ésta ha dejado de tener hegemonía. “El gobierno se ha desligitimado; ya no le creen”, considera el catedrático e investigador social, autor de Syu’el tunneletik y mandar obedeciendo. Poder y cultura en pueblos indios de los Altos de Chiapas.

Recuerda que poco antes de los años 90 comenzó a subir el nivel de las protestas de los grupos inconformes hasta llegar a un punto álgido, al grado de que comerciantes informales se movilizaron contra el establecimiento de cadenas comerciales en Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas.

Pero en este rejuego, los grupos inconformes llegaron a establecer nexos con grupos políticos y se convirtieron en base social de partidos, como el caso de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas en San Cristóbal de las Casas y el PVEM.

Además, organizaciones que se vieron excluidas con el reparto agrario participaron en la toma de tierras, ranchos, fincas y pequeñas propiedades en varias partes de la entidad: muchos de esos problemas llevan más de dos décadas sin solución y se han “exportado” de gobierno en gobierno. Así se ha acumulado problema tras problema, como los conflictos postelectorales en Altamirano, Oxchuc, Chanal y otros que parecen no tener solución.

Otro error del gobierno es querer solucionar los problemas con dinero, como ocurrió en San Antonio del Monte, del municipio de San Cristóbal de las Casas, donde grupos de tzotziles enfrentados recibieron, cada uno de ellos, un millón de pesos para que pudieran vivir en paz, después de un enfrentamiento donde un niño perdió la vida de un disparo.

“Erradicar esta forma de protesta va a costar mucho porque no hay autoridad y esto ha generado los problemas, aunado a la corrupción e impunidad”, sostiene el investigador.

Recuento de 2016

El 24 de mayo de 2016, campesinos de 19 comunidades raptaron a la alcaldesa sustituta de Frontera Comalapa, Josefina Pereyra Maldonado, así como a los regidores Aradelia Hidalgo Morales, Oduverlando Vázquez e Isabel Morales Aguilar para pedir que se ejecutara un proyecto de agua por 180 millones de pesos, y que estaba detenido desde hace 13 años.

Después de dos días de permanecer cautiva en la comunidad Paso Hondo, la alcaldesa fue liberada por los campesinos.

El 25 de mayo por la tarde, un grupo de habitantes de Chenalhó detuvo al presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, para llevarlo a la cabecera municipal, donde lo vistieron de mujer y forzaron a que realizara los trámites para que aceptara la renuncia de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, del PVEM.

El ambiente se tensó, debido a que la policía estatal pretendía realizar un operativo de rescate, pero los indígenas, al enterarse de lo que sucedía, pidieron que los agentes regresaran a sus instalaciones, porque, de lo contrario, “de aquí, señor diputado, no saldrá vivo”.

El 26 de mayo por la mañana, después de tomarle protesta a Miguel Álvarez Sántiz como alcalde sustituto, entregarle la chequera y dar una “cooperación” de varios miles de pesos para la festividad de San Pedro, al presidente del Congreso aún lo obligaron a bailar en un estrado, para luego ser trasladado en un helicóptero a Tuxtla Gutiérrez.

Dos meses después, el 23 de julio, un tiroteo ocurrido durante una manifestación en la plaza central de San Juan Chamula, en Chiapas, dejó un saldo de 12 heridos y cinco muertos, entre ellos a Domingo López González, presidente municipal del lugar.

Militantes del PRI habían llegado a la alcadía para tratar de hablar con López González y pedirle que cumpliera con lo prometido para el apoyo de artesanas y ejecutara obras en las comunidades, pero, presuntamente, la respuesta fue mandar al grupo armado Los pelones a tratar de amedrentar a sus adversarios, con el fin que se retiraran del lugar.

El 6 de septiembre, un grupo de indígenas retuvieron al delegado de Hacienda en la región Selva, Raúl Ramírez Martínez, y al diputado federal suplente del PVEM Ricardo López Montejo, para exigir que la delegada María Idalia Ruiz Ovalle regresara entre 25 mil y 35 mil pesos que pidió a 200 personas con la promesa de buscarles plazas en el gobierno.

El monto del fraude ascendía a más de 3 millones de pesos, que Ruiz Ovalle había obtenido como ganancia en presunta complicidad con López Montejo, al ofrecer plazas ficticias en ocho municipios de la selva y norte.

En Teopisca se perdió la cuenta de las veces que el presidente municipal del PVEM, Abel Tovilla Carpio, ha sido retenido en las comunidades por incumplir su palabra, incluso funcionarios del ayuntamiento han sido obligados a caminar descalzos por calles en mal estado.

Policías, regidores, secretarios y otros funcionarios han sido capturados por los lugareños, quienes aseguran estar cansados de la falta de respuesta a sus demandas.

Cuatro meses después de que el alcalde José López Mendez fue vestido de mujer, el director de Obras Públicas, Alonso López Sántiz, fue detenido durante el 9 y 10 de agosto en la comunidad Vinictón, cuando llegó a hablar con indígenas sobre la construcción de una cancha de basquetbol. Para la liberación del funcionario municipal, exigieron una multa de 300 mil pesos.

El 8 de septiembre habitantes del municipio de Soyaló retuvieron por más de 30 horas a seis funcionarios municipales, entre ellos a tres mujeres, que fueron rociados con gasolina. Además, incendiaron una patrulla para que el alcalde del PVEM, Fredy Espinosa Hernández, entregará 4 mil 500 bolsas de cemento para 300 familias. Querían 23 millones

El 14 de diciembre del 2016, un grupo de campesinos de la OCEZ-CNPA-MLN montaron un bloqueo en la carretera en la salida de Frontera Comalapa hacia Comitán, pero como ninguna autoridad los escuchaba, se trasladaron al ayuntamiento para pedir el cumplimiento de la entrega de fertilizante.

Fue entonces que decidieron llevarse a Víctor Hugo Ruiz Martínez, asesor y contratista de proyectos de la alcaldía, a Jonathán Orantes Méndez, auxiliar de tesorería, y a Jesús “N”, otro empleado de la tesorería.

Los campesinos exigían la entrega de 23 millones de pesos de un supuesto acuerdo que el presidente municipal Jorge Aguilar Lucas firmó con ellos para dotarles de cemento y fertilizante. Al final, Aguilar Lucas dijo que no pagaría la cantidad que reclamaban y días después los tres trabajadores fueron liberados.

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS