Gobernador y ediles se suman a austeridad por gasolinazo

En San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras se baja el sueldo 11%; alcaldes de Sinaloa reducen su salario 30%
14/01/2017
01:21
Corresponsales
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El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se unió a las medidas de austeridad para paliar el gasolinazo. Anunció que se bajará el sueldo 11%. Percibe 139 mil, cinco pesos, y con la reducción quedará en 123 mil 714 pesos. También dijo que se congelan las tarifas de transporte público en el primer semestre y descuentos de 50% en actas de nacimiento y certificados de libertad de gravamen; 20% en placas y licencias de manejo de enero a marzo, y 20% en consumo de gasolina de vehículos de uso administrativo.

Sin embargo, adelantó que en abril subirá la tarifa del transporte general de 7.80 a 8.50 pesos.

En Mérida, Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal priísta, informó que presentará una iniciativa para eliminar o reducir a 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se le aplica a los precios de los combustibles y así contrarrestar el gasolinazo.

“Actualmente el IEPS representa 26% del precio de los combustibles, por lo que de eliminarse, el litro de gasolina costaría aproximadamente 10 pesos, y si se reduce a la mitad, saldría a 14 pesos”, señaló. Dos presidentes municipales de Sinaloa anunciaron que se reducirán el salario 30%. El de Angostura, José Manuel Valenzuela López, cuya percepción es de 111 mil 370 pesos, y el de Salvador Alvarado, Carlos Mario Ortiz Sánchez, cuya percepción mensual es de 106 mil 992 pesos.

En ambos casos la medida se extiende a regidores y funcionarios de primer nivel; además que anunciaron ahorros en gastos de telefonía celular y en combustible para vehículos oficiales.

En La Paz, Baja California Sur, la gente marchó y se plantó frente a Palacio de Gobierno.

Los inconformes demandaron que el gobernador de la entidad Carlos Mendoza Davis se pronuncie contra el gasolinazo e informe sobre las acciones para hacerle frente, como un plan de austeridad que incluya la reducción de sueldos, bonos, viáticos, entre otros gastos de su administración.

En Chiapas, el paro de transportistas concesionados previsto para toda la entidad, en demanda de aumento en el precio del pasaje, no tuvo la resonancia con la que se anunció y únicamente en la capital, Tuxtla Gutiérrez, pararon labores parcialmente.

Ante el anuncio de los transportistas, el gobierno preparó la aplicación de un plan emergente para ayudar a los ciudadanos.

Destinó 136 vehículos oficiales y 50 transportistas se sumaron al llamado del gobierno para apoyar a la ciudadanía, hasta que concluya la emergencia.

Los transportistas piden que la tarifa de los colectivos aumente de 6 a 7 pesos; sin embargo, el gobierno amenaza que transportista que lo haga, le quitará la concesión de su unidad.

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