Explotación laboral, la esclavitud moderna

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Considerada por activistas y defensores de los derechos humanos como la esclavitud moderna, la explotación laboral en México sigue siendo un tema polémico en el que la mayoría de los empresarios acusados de trata de personas en dicha modalidad pueden burlar la ley para evitar el castigo.

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros Internos, las autoridades son omisas o tardías y en la mayoría de los casos sólo detienen a los encargados de las empresas en las que han detectado casos de explotación laboral.

De 2015 a la fecha, han sido rescatadas al menos mil 100 personas, presuntamente explotadas en nueve empresas, detalla el organismo no gubernamental. Sin embargo, no hay patrones detenidos.

Jesús Carmona, dirigente de la asociación civil Respuesta Alternativa, integrante de la Red Nacional de Jornaleros Internos, comenta que, en el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el sector económico del país debe mirar hacia una política integral.

El caso más reciente de jornaleros rescatados, asegura el dirigente, es el del rancho Nidia Edith, en Coahuila.

Desde finales de septiembre, señala, una persona que laboraba en ese lugar —originaria de la huasteca potosina— se comunicó con él para informarle que entre 350 y 400 personas eran víctimas de explotación laboral.

El activista dice que dio aviso a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en San Luis Potosí y a la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Coahuila.

Ambos organismos hicieron caso omiso a la denuncia y dos meses más tarde, el 25 de noviembre, se enteró por lo medios de comunicación del rescate que encabezó la Procuraduría General de la República (PGR) de 74 personas en ese rancho, ubicado en el ejido Maravillas de Matamoros. Lamenta que, además de que actuaron de forma tardía, no se supiera qué ocurrió con el resto de trabajadores que estaban en condiciones indignas.

De los nueve rescates, la red destaca que ocurrieron en Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima y San Luis Potosí, donde había al menos 152 menores de edad. Los jornaleros provenían de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero, entre otras entidades.

Burlan multas. En Jalisco, después de que en junio de 2013 elementos de la fiscalía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatales liberaron a 275 personas que estaban en condiciones de esclavitud moderna en un invernadero de jitomate, en el municipio de San Gabriel, la empresa Bioparques de Occidente obtuvo un amparo para no pagar multas por más 10 millones de pesos.

En aquella ocasión tres jornaleros lograron escapar del sitio donde los mantenían hacinados; llegaron hasta Guadalajara, a unos 150 kilómetros de distancia y presentaron una denuncia ante las autoridades.

Las personas rescatadas eran originarias de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo y tenían cerca de dos meses de laborar en el invernadero.

Según testimonios de algunos jornaleros, su salario rondaba los 100 pesos diarios, pero se los rebajaban si no cumplían las metas impuestas por los capataces. Vivían en cuartos de 16 metros cuadrados, en los que habitaban hasta 12 personas; trabajaban jornadas de más de ocho horas, la comida era insalubre y si querían comprar algo extra lo tenían que hacer en una especie de tienda de raya.

La Fiscalía de Jalisco detuvo a cinco personas por los hechos y las acusó de privación ilegal de la libertad y trata de personas. Tras el operativo de las secretarías del Trabajo estatal y federal iniciaron procedimientos para sancionar a Bioparques de Occidente, empresa de Sinaloa dueña del invernadero.

La dependencia federal impuso a la empresa una multa de 8 millones 500 mil pesos por las irregularidades laborales y de higiene, en tanto que la sanción otorgada por el organismo estatal fue de un millón 745 mil 430 pesos.

En Colima, tras darse a conocer en febrero pasado las precarias condiciones en que vivían y laboraban 270 jornaleros originarios de Guerrero, entre ellos 100 niños, contratados por un pequeño productor de Manzanillo, el gobierno estatal inició una serie de inspecciones a través del Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias.

Sin embargo, la intervención de este grupo se limitó a realizar mesas de diálogo con los productores para explicarles sus obligaciones laborales y brindar apoyos con despensas a las familias de los jornaleros que habitaban en improvisadas casas de campaña.

Salarios de 100 pesos y menos. En el último año y medio se han presentado cinco casos donde se ha logrado rescatar a 405 jornaleros agrícolas en Coahuila, de los cuales 100 eran menores de edad.

Lo anterior pese a que desde 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila calificó de “esclavitud moderna” el trato a trabajadores del campo, específicamente en la región Laguna.

El pasado 25 de noviembre, la PGR rescató a 74 jornaleros agrícolas en el rancho Nidia Edith. Apenas el pasado lunes se vinculó a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral a dos personas, el encargado y capataz del rancho.

Sin embargo, no ha sido el único caso. Este año, el 3 de agosto, seis menores oriundos de Veracruz y San Luis Potosí fueron rescatados en la comunidad de Juan Eugenio, en Flor de Jimulco, en Torreón.

Los menores se dedicaban a la cosecha de calabazas y les pagaban 100 pesos diarios por laborar hasta 13 horas al día.

En septiembre, autoridades de Coahuila visitaron los ranchos Las Calandrias, El Pedregal y Santa Cruz, ubicados en el municipio de Ramos Arizpe, tras las denuncias sobre el trabajo de niños en condiciones insalubres.

En el lugar fueron rescatadas 13 personas, de las cuales 11 eran menores de edad. Los jornaleros denunciaron maltrato verbal, jornadas de hasta 16 horas y dos comidas al día. Los ranchos eran operados por Prokarne, empresa que también dirigía los ranchos donde en 2015 se rescató a 307 personas, 78 menores de edad.

En agosto, en los predios El Pedregal y Santa Cruz, ubicados en el ejido El Higo de Ramos Arizpe, las autoridades liberaron a los 307 jornaleros que provenían de Hidalgo y Veracruz. Había dos mujeres embarazadas.

En aquel entonces se informó que los jornaleros recibían un sueldo de 100 pesos diarios, pero sólo contaban con medio día libre a la semana. Cuatro hombres, incluido el propietario, Óscar Lozano Chávez, fueron detenidos acusados de trata de personas. Sin embargo, en enero de este año el dueño fue dejado en libertad condicional con un brazalete electrónico.

En junio de 2015, cinco menores originarios de San Luis Potosí laboraban en condiciones inseguras en un campo del municipio de Parras. Vivían hacinados, trabajaban 10 horas de lunes a domingo en la pisca de melón y recibían 85 pesos por jornada diaria.

Contra las corporaciones. En San Quintín, Baja California, en abril de 2015 estalló una huelga sin precedentes: 80 mil jornaleros pararon fruta como protesta por las condiciones de explotación laboral y el acoso sexual en los campos agrícolas.

Los jornaleros, en su mayoría indígenas del sur de México, bloquearon la carretera transpeninsular, la única vía que conectaba las bodegas de las compañías asentadas en el Valle de San Quintín con Estados Unidos.

La huelga provocó afectaciones millonarias a empresas: sólo Berrymex, la compañía más grande de fresas en el país, reportó que 200 hectáreas de cosechas se pudrieron y que las pérdidas económicas superaron los 25 millones de dólares.

Las protestas, que generaron interés a nivel internacional, lograron que los tres niveles de gobierno, las empresas agrícolas y los jornaleros llegaran a acuerdos para parar la huelga.

El salario diario incrementaría y supuestamente se le otorgaría a los trabajadores prestaciones de ley, como acceso a la salud pública.

Sin embargo, Jesús Carmona asegura que aún esta pendiente de resolverse el pliego petitorio.

Dice que en México hay alrededor de 2 millones y medio de jornaleros en explotación laboral, pero al hablar del trabajo en condiciones precarias la cifra supera los 4 millones de personas, sin considerar a sus familias.

“El patrón debe cambiar su mentalidad por una más nacionalista, no sólo ver en jornaleros mano de obra de desecho, sino valorar su trabajo; eso le añadiría valor a sus productos”, dice.