Acusan a gobierno de no transferir 800 mdp

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A 800 millones de pesos asciende el monto que el gobierno de Oaxaca no ha transferido a terceros institucionales, como Fovissste y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en perjuicio de trabajadores del sector salud, denunció ayer la dirigencia sindical.

Ello significa un desvío de recursos, pues el dinero lo ha descontado quincenalmente vía nómina a empleados que han adquirido créditos, pero que la autoridad ocupó para otras actividades hasta ahora desconocidas, informó el secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco.

Por ello, dijo en conferencia, empleados y dirigencia demandarán por peculado a funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), así como a los responsables del ISSSTE, a éstos por no informar a los empleados que no recuperaba créditos ni lo ha cobrado al gobierno, lo que ha generado acumulación de altos intereses.

Expuso que los funcionarios que serán demandados penalmente son quienes han encabezado la dependencia, como Germán Tenorio Vasconcelos y Héctor González Hernández.

A 25 días del paro parcial de labores, para exigir el pago en efectivo de uniformes así como a terceros institucionales y no institucionales, explicó que las movilizaciones continuarán desde los centros de trabajo, en tanto que una representación se manifestará este martes en la sede de la Secretaría de Salud, en la ciudad de México.

Félix Pacheco manifestó que ahora la prioridad no es el pago en efectivo de uniformes que les corresponde este año —del que exigen 9 mil 500 pesos en efectivo, mientras que el gobierno ofrece 6 mil 250 pesos en vales de despensa—, sino la que la administración estatal pague el dinero que ha descontado vía nómina a la mayoría de los más de 12 mil trabajadores y que eran para pagos de empréstitos.

Por otra parte, este lunes se cumplieron 25 días de paro parcial de labores en más de 500 clínicas y hospitales del estado, con bloqueos a accesos de oficinas de gobierno llamadas Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, en las localidades de Tlalixtac de Cabrera y Reyes Mantecón, respectivamente.

En ambos complejos, los sindicalizados de distintas regiones cerraron los accesos por más de ocho horas, para presionar a autoridades estatales a dar respuesta a sus demandas.

Mientras tanto, el gobierno del estado no ha emitido ninguna información respecto a la problemática y ha evitado polemizar acerca del presunto desvío de recursos; tampoco ha explicado en qué rubro ocupó dicho monto, que debió ser transferido a terceros institucionales, como el Fovissste y el SAR, y no institucionales, como casas de crédito y préstamo.