El hospital público más grande de Oaxaca atraviesa una severa crisis que ha originado el cierre de áreas prioritarias, como la de atención hospitalaria a niños con cáncer, cuya acreditación fue suspendida por la Secretaría de Salud federal, debido a la deficiente infraestructura. También ha sido limitada el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y desapareció la de atención a pacientes renales, lo que derivó, en este último caso, en una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

El Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso rebasó los 50 años de servicio; brinda anualmente entre 8 mil y 9 mil atenciones, además de tener un sobrecupo de 120%, de acuerdo con los directivos y ahora, por falta de dinero, suspendieron obras de ampliación por 120 millones de pesos, las cuales debieron concluir este mes.

El pasado miércoles, trabajadores protestaron por las limitaciones al área de Dietología, lo que originó la cancelación de alimentos a mil 360 trabajadores, y la suspensión podría alcanzar a los pacientes. El mismo día, el consejo técnico decidió cobrar las consultas, incluso a afilados al Seguro Popular; dos días después canceló esta decisión.

El sanatorio se comenzó a construir el 5 de mayo de 1965 en los terrenos de la ex Hacienda de Aguilera, en la capital, en la colonia Reforma; antiguamente funcionaba en el ex convento de San Francisco. En la actualidad tiene una capacidad para 180 camas, con una ocupación de 95%, cuatro quirófanos de cirugía general y especialidades, dos de ginecología y obstetricia; una sala de expulsión y una intervencionista.

El personal está formado por 225 médicos, 570 enfermeras, cinco odontólogos, 256 administrativos, 33 trabajadores sociales, siete sicólogos, dos terapistas, 18 técnicos radiólogos y 24 químicos, así como ocho choferes y nueve agentes de información.

Inicia declive

Maritza Jenny Hernández Cuevas, directora del hospital, reconoce que desde abril de este año, las autoridades federales suspendieron la acreditación del área de Oncología Pediátrica, a quienes se les brindaba atención hospitalaria, por lo que ahora únicamente es ambulatoria.

Los menores de edad enfermos de cáncer tienen que acudir al Hospital de la Niñez, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, pero éste está sobresaturado, además de que representa gastos extraordinarios para los familiares.

Por falta de espacio, el área de UCIN del Hospital Civil sólo funciona con seis cunas; su ampliación se frenó este año por falta de dinero. “Coincidimos en que la crisis siempre ha existido, por múltiples necesidades pero en este momento se ha agudizado más”, dice.

El miércoles 23 de noviembre, el consejo técnico del hospital determinó cobrar cuotas de recuperación, incluso a personas afiliadas al Seguro Popular; la consulta mínima se estableció en 150 pesos; el viernes al mediodía se retractó de su decisión, al reconocer que se había violado la normatividad con el cobro.

Según la directiva, en promedio se otorgan 150 consultas diarias y 25 nacimientos; se practican de 12 a 15 cirugías por turno, incluyendo atenciones de urgencias.

De acuerdo con Alberto Sigüenza, administrador del hospital que atiende a población de escasos recursos, se requieren para gastos ordinarios diarios unos 80 mil pesos; el presupuesto anual es de 5 millones de pesos, independientemente del de compras consolidadas que realizan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), pero el dinero es insuficiente. Por cuotas de recuperación diarias a quienes no cuentan con Seguro Popular, recaban entre 3 mil y 4 mil pesos.

“Seguro Popular no sirve”

Una de las afectadas por la cancelación de los servicios de Oncología Pediátrica es Alicia, quien desde hace ocho años llevaba a tratamiento a su hijo Ken, de 11 años de edad: “para mí el Seguro Popular no sirve; gasto demasiado dinero en medicinas, al mes son como 4 mil pesos, además del pasaje”, se queja.

Antes de la crisis en este lugar, su pequeño era atendido en el Hospital Civil, pero ante el cierre del área, lo tuvo que llevar al de la niñez, a unos 15 kilómetros al sur de la capital, lo que representa gastos extraordinarios en pasajes, alimentación y hospedaje, entre otros.

“Nadie me ayuda. Los problemas de mi hijo son fuertes; requiere un tratamiento especializado en la Ciudad de México, pero cuesta 100 mil pesos”, expone la mujer, procedente del municipio de San Pedro Pochutla, a unos 200 kilómetros de la ciudad.

El delegado sindical del Hospital Civil, Carlos Alberto Pérez Bautista, detalla que la crisis es culpa de las autoridades estatales: el gobernador Gabino Cué Monteagudo y el ex secretario de Salud estatal, Germán Tenorio Vasconcelos.

El pasado sábado iniciaron una nueva protesta, con la colocación de lonas en el interior y exterior del inmueble, para exigir al gobierno la aplicación de recursos presupuestales, así como el presunto desvío de 40 millones de pesos, de aportaciones del Seguro Popular.

“La situación es compleja, el hospital está en crisis; cerró el área de Dietología, no hay insumos para alimentos a pacientes y trabajadores; el almacén, la farmacia y el área de urgencias, no cuentan con insumos ni materiales de trabajo”, expone.

Pérez Bautista señala que tanto la dirigencia sindical como los directivos del hospital han buscado alternativas para resolver la problemática, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta del gobierno estatal.

“Hace un buen tiempo que el Seguro Popular no da la cantidad requerida, que es 20% de las atenciones que se brindan; solamente da una parte, que es de 800 mil pesos, cuando requiere 4 millones mensuales”, dice.

A la intemperie

Otra de las problemáticas que atraviesa el hospital son los nulos espacios para atender a las familias de escasos recursos económicos que esperan ayuda para sus pacientes.

Si bien existe un albergue privado desde 1990, denominado “Estancia Fraternidad”, que cobra entre 20 y 30 pesos por día para dar alojamiento y alimentos, el área es insuficiente.

A finales de 2011, el entonces titular de Salud, Germán Tenorio, decidió construir un albergue público, pero ocupó una porción de la calle Dr. Mario Pérez Ramírez, a fin de instalar carpas para descanso de las familias; ante lo poco funcional del área y la falta de permisos municipales, un año después se retiró.

Actualmente decenas de familia pernoctan y consumen sus alimentos en el exterior; algunos incluso deciden dormir en los jardines y bancas de la fuente de las Ocho Regiones; hasta ahora no hay un proyecto de construir una estancia.

De remate, desde el 14 de octubre, trabajadores sindicalizados del sector salud, que suman más de 12 mil, mil 300 de ellos del Hospital Civil, iniciaron un paro parcial de labores, para demandar el pago de uniformes mediante vales de despensa, por 9 mil 500 pesos.

También solicitan el reintegro, por parte del gobierno, de aportaciones que tomó y debieron depositarse a terceros institucionales y no institucionales, cuya cifra fluctúa entre 500 y 800 millones de pesos.

Aunado a ello, persiste el conflicto entre los sindicalizados del hospital y la directiva, al criticar los primeros las nulas acciones para paliar la crisis, además de exigir la conclusión de obras de rehabilitación de distintas áreas.

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