La exalcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes y seis de sus excolaboradores, obtuvieron un amparo en contra la vinculación a proceso que les dictó el cinco de julio pasado una juez de control, por disponer de 7.5 millones de pesos del erario municipal para pagar un despacho de abogados que los defendiera si eran acusados por irregularidades durante su gestión en el periodo 2012-2015.

El amparo 441/2016 concedido a Arellanes Cervantes deja sin efecto el acto de vinculación y ordena reponer el procedimiento porque se violaron los derechos de la imputada al aplicarse el Código Procesal Penal del Estado, que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 en lugar del Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene aplicación desde el primero de enero de 2016.

Al justificar por qué en la entidad no hay detenidos por hechos de corrupción, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, afirmó que la federación debería perseguir a Rodrigo Medina y a sus allegados, por defraudación fiscal, así como procedió contra Guillermo Padrés.

En la resolución de la juez cuarto de distrito en materia penal, Rosa María Cortés, se ordena al juzgado de control fijar fecha para la celebración de una nueva audiencia oral, en la que, a partir de los argumentos y datos de prueba ya presentados por el Ministerio Público, así como los medios de prueba la contra argumentación de la parte acusada, se pronuncie respecto a la solicitud de vinculación a proceso, pero empleando como fundamento las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El error de utilizar el Código local en lugar del federal, sería responsabilidad tanto del Municipio de Monterrey que presentó la demanda contra Arellanes, así como de la Subprocuraduría Anticorrupción, que integró la averiguación contra la ex alcaldesa.

Este día, aparecieron en el listado de avisos del Consejo de la Judicatura Federal, los acuerdos del juzgado cuarto de distrito en materia penal, que favorecieron con amparos definitivos a la ex alcaldesa Arellanes Cervantes; a la ex secretaria de Administración, Alejandra Fernández; al ex tesorero, Julián Hernández Santillán; al ex director jurídico, Francisco de la Cruz; el ex director de la Tesorería, Aldo Cepeda; al ex regidor (PRI), Arturo Pezina; y la ex síndica, Irasema Arriaga Belmont.

Arellanes Cervantes, Hernández Santillán, Irasema Arriaga, Alejandra Fernández y Francisco de la Cruz, fueron imputados por ejercicio abusivo de funciones públicas, mientras Aldo Cepeda y Arturo Pezina, fueron imputados por ejercicio indebido de funciones.

Al ser entrevistado sobre el amparo obtenido por Arellanes y sus excolaboradores, el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, rechazó que se trate de un revés para el gobierno de Nuevo León y en concreto para la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, pues sin abundar al respecto, por desconocer los detalles, afirmó que todas las suspensiones son atacables en todos los sentidos.

No conozco la resolución, quisiera analizarlo, las suspensiones son atacables en todos los sentidos, no es más que una etapa más de cualquiera de los procesos. Expresó que en su momento,  el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales dará respuesta al respecto.

Asimismo, aseguró que en este momento, hay demasiadas causas abiertas que los medios no conocen, las cuales ya están en las agencias del Ministerio Público y por las cuales, una gran cantidad de funcionarios están siendo citados, y están siendo sometidos a investigación en todas partes.

No vamos a litigar esto, ahora sí de aquí en adelante en la prensa, no voy a dar ninguna opinión en ningún sentido, la vamos a dar en el tribunal donde deben hacerse las cosas, dijo González Flores.

Yo confío en las autoridades y sé que ellas, presentando las cosas apegadas al derecho, resolverán favorablemente, siempre ha sido así y va a seguir siendo así, señaló el funcionario estatal.

Rechazó que los amparos concedidos a Arellanes y sus colaboradores sean trabas. Son momentos jurídicos que viven los procedimientos, yo puedo decir que hubo un aplazamiento en lo de Rodrigo Medina, pero va a llegar el tiempo en que se tiene que dar la audiencia del juicio, se va a llegar, son varias etapas que nos van a llevar tiempo, pero son procedimientos normales, yo no veo nada de lo normal, comentó.

Al señalarle que la gente compara lo que pasa en Nuevo León con lo ocurrido en Sonora, donde ya fue detenido el ex gobernador Guillermo Padrés y su hijo, mientras aquí Rodrigo Medina y Margarita Arellanes siguen ganando amparos y en libertad.

"A ver a ver, vamos aclarando eso de Sonora, la gobernadora –Claudia Pavlovich- no ha detenido a nadie. Es más, no ha presentado ninguna denuncia, fueron detenidos por Hacienda, por defraudación fiscal y por problemas que tienen que ver con la Federación, no problemas que tiene con el estado", señaló González.

"Nosotros no hemos acusado a nadie de defraudación fiscal porque no somos Hacienda,  no tenemos ningún problema de esos, nuestras averiguaciones van en otro tipo de delitos y en otro sentido. Quiero que quede bien claro eso, que es el gobierno federal el que está actuando, ojalá actuara igual aquí, ojalá y pudieran ir a buscar a todas estas gentes como lo hacen en otros estados; la Federación debe iniciar las investigaciones, yo no he visto que inicie ninguna", en el caso Nuevo León.

lsm

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