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Con un aumento de 3.1% directo al salario y movimientos en el contrato colectivo, el Sindicato Salinero y la Exportadora de Sal de Guerrero Negro concluyeron las negociaciones y la posibilidad de un estallamiento de huelga, informó el líder del gremio, Luis Martín Pérez Murrieta.

“Aceptamos 3.1% al salario y algunos movimiento en el convenio. Tuvimos que hacer un esfuerzo los trabajadores”, expresó el líder de los empleados de la compañía Exportadora de Sal, la más grande del mundo, localizada al norte del estado.

Declaró que buscaron darle un “voto de confianza” a la empresa y privilegiar las fuentes de empleo para que salga adelante; sin embargo, advirtió que esperan que se hagan los ajustes necesarios para salir del momento difícil que atraviesan en cuanto a la administración.

“Como está la empresa ahora no es culpa de los trabajadores. Nosotros no la administramos. Ojalá que ellos [los directivos] honren la voluntad del sindicato y ojalá que se hagan los ajustes necesarios en sus gastos”, afirmó.

Pérez Murrieta añadió que no perdieron ninguna cláusula del contrato colectivo, como en un principio se había planteado, y sobre la reducción del Capítulo 1000 —servicios personales— sostuvo que confía en que la empresa cumpla y no ocurra ningún despido.

Agregó que hasta las últimas horas de la negociación [ayer], la compañía mantuvo la postura de que el techo presupuestario de la Secretaría de Hacienda no les permitió más.

Cabe mencionar que a mediados de septiembre Jorge Humberto López Portillo, quien fungió como director de la empresa, fue detenido, acusado de presuntos malos manejos; sin embargo, tras pagar una fianza, fue puesto en libertad.

Autoridades federales lo acusaron de comprar una barcaza de 15 mil toneladas métricas para la transportación de sal, pero dicha operación no habría sido aprobada por el Consejo de Administración. Además, se le señaló también de presuntos contratos indebidos.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que realizó contratos de venta de sal superiores a los permitidos. Por los tanto, fue inhabilitado por 10 años y le impusieron una multa de 11 millones de pesos.

Dichas acusaciones fueron rechazadas por López Portillo, quien dijo a EL UNIVERSAL que fue un “chivo expiatorio” para distraer del desfalco que habrían permitido a algunos integrantes del Consejo de Administración.

Afirmó que fue sancionado por el pago de un anticipo de 92 millones de pesos para la compra de la barcaza; sin embargo, aseguró que la operación se aprobó desde el año 2013, antes de que él ocupara el cargo de director.

En Baja California Sur, el diputado local Joel Vargas Aguilar, pidió que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre los malos manejos en la Exportadora de Sal y exigió al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, que en su calidad de integrante del Consejo exija que se aclaren las presuntas operaciones indebidas que han llevado a la empresa a una crisis administrativa.

La Exportadora de Sal (ESSA) opera con 51% de capital mexicano y 49% de la empresa Mitsubishi, y tiene una producción promedio anual de 8 millones de toneladas de sal.

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