El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro afirmó que las personas que fueron víctimas de la violencia temen por su seguridad y por eso no denuncian.

“Mucha gente en el estado tiene miedo, no dice lo que siente porque saben que van a ser perseguidos” expresó el obispo entrevistado después de una reunión que sostuvo con integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

Ramón Castró pidió vivir en una democracia donde se respete la opinión de otra persona por diferente que pueda ser y aprovechó los micrófonos para recordar las acusaciones que se han hecho en su contra, lo cual consideró una estrategia para disminuir su autoridad moral y opacar su opinión por la forma en la que ve la realidad del estado.

Por ejemplo, dijo, las acusaciones que han hecho como el robar los planos de reestructuración de la Catedral, y además agregó, cada vez que organiza o participa en alguna movilización como las marchas por la paz y la familia, surge una reacción para demostarlo.

Aseguró que sabe quién es el principal causante de esos ataques, pero omitió cualquier nombre porque dijo al hacerlo público “le iría peor todavía”, pero  consideró que la mayoría de las personas conocen ese nombre en alusión al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Todos sabemos qué pasa con las instituciones y quién las manipula”, expuso Castro Castro y aclaró que continuará con las movilizaciones por la paz y su misión que tendrá la misma intensidad.

En agosto pasado la dirigencia nacional del PRD exigió a la Secretaría de Gobernación frenar el “activismo político” del obispo de Cuernavaca a quien señaló de emprender una campaña en contra del mandatario estatal, Graco Ramírez.

El reclamo perredista ocurrió luego de que el lunes, en la instalación del Consejo Consultivo del PRD, Graco Ramírez demandó la “mínima solidaridad” de su partido para enfrentar la “embestida” del obispo, pues frente a los ataques a su administración “el partido no dice nada”.

El gobernador consideró que el activismo del obispo se originó tras la iniciativa de ley sobre matrimonios igualitarios, misma que fue aprobada por el Congreso del estado y que, como se informó, originó que algunos líderes religiosos pidieran voto de castigo al PRI en las elecciones del 5 de junio.

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