Las bancadas del PRD y PAN en el Senado urgieron la intervención del gobierno federal en defensa del estado de Derecho, en Tulúm, Quintana Roo, por el desalojo de 16 hoteles y tres predios en playa, en perjuicio de sus propietarios y de los huéspedes mexicanos y extranjeros.


De manera violenta se ha tratado a turistas extranjeros, desalojados de las habitaciones que rentaban, echados a la calle, por personas armadas que han ocupado los lugares, protegidos por disposiciones judiciales obtenidas de manera irregular, acusaron.


Luz María Beristain Navarrete  (PRD) y Daniel Ávila Ruiz (PAN) acusaron corrupción en el poder Judicial de Quintana Roo, que escudó los desalojos que se llevaron a cabo con grupos de choque, explicaron.


En el Senado, Beristain y Ávila recibieron a propietarios de hoteles afectados por los desalojos, y llamaron a que intervengan cuanto antes los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y de Sedatu, Rosario Robles Berlanga.


Se proponen informar de la situación, al gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, emanado de la alianza PAN-PRD, para que haga frente a la red de corrupción y complicidades que actúa en los desalojos ocurridos en Tulum, el pasado 17 de junio.


Los actos de despojo, mediante la irrupción con grupos armados a los hoteles, iniciaron en 2011, y al momento han sido invadidos 31 hoteles y siete predios, de acuerdo con los denunciantes, que estiman el valor total de las propiedades en 500 millones de dólares.


Erick Villarreal, empresario con inversión en playas de Tulum, acusó al juez Primero Civil en Playa del Carmen, Gustavo Efraín Chan Caamal, de haber ordenado el desalojo de junio, tras un juicio oral en el que dio por válida, dijo, documentación falsa.


Fernando Dávila Nelson, fundador de la Cooperativa Pescadores, denunció que los afectados no fueron notificados por la autoridad judicial, no estuvieron presentes en ningún juicio y fueron desalojados por la fuerza.


Los hoteles corresponden a un tipo de servicios de hotelería para un número pequeño de huéspedes, con respeto al medio ambiente, sin el sistema de todo incluido. Están establecidos en las mejores playas, consideraron, de la costa de Quintana Roo.


Señalaron que la parte interesada en despojarlos de los hoteles y de los predios, serían unos diez inversionistas de Monterrey, que antes pretendieron hacer valer certificados agrarios, al parecer falsos, que habría firmado Miguel Alemán, y que contravienen resoluciones de Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto.


En tanto, los consulados de inversionistas extranjeros afectados por la invasión de la zona que comprende 600 metros de playa  y unas 200 hectáreas de manglares, han tomado nota de los actos violentos y urgen la acción de las autoridades para que se respete a los poseedores de esas superficie, refirió Erick Villarreal.


Uno de los propietarios en esa área, dijo la senadora Luz María Beristain, es el actor Roberto Palazuelos, “quien se lleva con los poderosos, y es sospechoso que a él no le hayan hecho nada”.

cg

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