Militares torturan, pero los acusan de desobediencia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que dos elementos que participaron en la agresión a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero, fueron internados en una prisión militar por el delito de “desobediencia” y que el expediente fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde anoche comenzó a circular en redes sociales un video donde se observa a personal militar y a un presunto policía federal agraviando a la mujer, a la que en varias ocasiones le colocan una bolsa de plástico en la cabeza.

Tras la difusión de dicho material, la Sedena emitió un comunicado en el que especificó que esos hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Dio a conocer que se enteró de la agresión el pasado 10 de diciembre de 2015, por lo que dio aviso al Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado.

“Para el 4 de enero de 2016, se dio vista y desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República, para que, en el ámbito de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil”, informó la institución.

Un día después la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia.

“El oficial y la elemento de tropa están internados en la prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 y están a disposición del Juez Quinto Militar, quien con plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda; denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes del instituto armado”, detalló la institución.

La dependencia aseguró que su personal “refrenda al pueblo de México y a sus instituciones, su compromiso de lealtad, acatando estrictamente el estado de derecho y ratifican que en el presente caso y en todos los que personal militar vulnere la ley o los derechos humanos, se procederá con rigor y contundencia contra los responsables”.