En riesgo, plan para parque por desmonte en Tajamar

El destino de un parque urbano, pensado y diseñado para desarrollarse en Malecón Tajamar, quedó en riesgo, luego de que el 16 de enero pasado, cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desmontó 22 hectáreas de manglares y selva, incluyó 5.4 hectáreas de terrenos públicos.

La dependencia federal entregó esos predios al ayuntamiento de Cancún en 2007, en términos de la Ley de Fraccionamientos, donación condicionada a que no cambiasen sus usos de suelo destinados a área verde y equipamiento.

Los predios afectados por la maquinaria, que entró la madrugada del 16 de enero y devastó indistintamente 22 hectáreas de la superficie total del polígono, están marcados como lotes 1, 2 y 10, de la Manzana 9, Supermanzana 6, con vista privilegiada a la Laguna Nichupté y con esquina a la rambla principal que da acceso al Malecón.

El Lote 10 estaba destinado a Equipamiento Urbano (EESU), mientras que el 1 y 2 tienen usos de suelo de Área Verde (AV). El actual gobierno municipal encabezado por el edil, Paul Carrillo, diseñó un proyecto para Parque Urbano con Concha Acústica, hace año y medio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la directora del Instituto Municipal de Planeación del ayuntamiento de Benito Juárez (IMPLAN), Santhy Montemayor -encargada del diseño del proyecto- aseguró que los usos y destinos del suelo de esos lotes siguen siendo los mismos, de acuerdo con el “Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Malecón Cancún”, vigente desde el siete de septiembre del 2006.

“Tienen usos de suelo de Área Verde y Equipamiento Genérico. No se les metió mano ni un centímetro. No les moví ni el nombre. Siguen siendo públicos y por tanto, propiedad de los benitojuarenses”, afirmó.

La funcionaria subrayó que hace año y medio se diseñó el proyecto de Parque Urbano con Concha Acústica para que las y los habitantes de Cancún tengan un sitio de recreo que refuerce actividades deportivas e incluso de fomento a expresiones artísticas, como conciertos, teatro, carnavales, entre otros.

El proyecto no se había desarrollado porque se encontraba en etapa para gestionar los recursos económicos que hicieran posible la habilitación del espacio, respetando –dijo- las zonas de manglar y los espejos de agua naturales existentes en esos terrenos, a fin de alterar lo menos posible el ecosistema.

“Incluso le bajamos a los parámetros de construcción o aprovechamiento para tener el menos concreto posible y respetar los manglares y la vegetación en general, dejando espejos de agua naturales. Dejamos muchas, muchas áreas verdes”, dijo.

Sin embargo, ahora el proyecto no sólo está detenido por temas económicos, sino también jurídicos y ambientales.

Por un lado, las condiciones de los terrenos cambiaron con la intervención del Fonatur “que entró a todo el polígono”.

“Probablemente no se pueda hacer. Tenemos que ir y revisar qué es lo que se puede salvar”, señaló, y reconoció que a tres semanas de lo ocurrido, no han visitado los lotes para determinar el nivel de impacto o las modificaciones que sufrió.

Por otra parte –subrayó- hay juicios de amparo que deben resolverse para determinar el destino, no sólo del Parque, sino del proyecto entero de “Malecón Tajamar”.

“No sé qué va a pasar. Nosotros estamos a la espera de que se resuelva la parte legal. Por supuesto nos encantaría que el proyecto del Parque Urbano se pueda lograr, pero no está en nuestras manos. Entiendo que es la decisión de un juez al momento de dictar sentencia lo que definirá lo que va a suceder con todo el proyecto”, respondió.

Origen de la donación a Cancún

Una consulta hecha por EL UNIVERSAL, a documentos oficiales y archivos, permite corroborar que entre 2007 y 2009 el Fonatur donó al municipio un 10 por ciento de la superficie total del polígono de “Malecón Cancún” –como se le conoció entonces- como parte del porcentaje a que estaba obligado en términos de la Ley de Fraccionamientos.

Entre la superficie donada se contemplan las 5.4 hectáreas en las que se pensó construir un nuevo Palacio Municipal y una gran alameda que sirviera para la convivencia y disfrute de los residentes, abonando así a la identidad de la ciudad.

Se trataba de tres lotes. Uno de 35 mil 520.05 metros cuadrados, con uso de suelo para Equipamiento Especial de Servicios Urbanos (EESU), donado al municipio el 21 de septiembre de 2007, durante la gestión de Miguel Gómez Mont como director del Fonatur. Francisco Alor fungía como alcalde.

Los otros dos lotes medían tres mil metros cuadrados y 15 mil 501.15 metros cuadrados, con uso de suelo para Área Verde (AV), donados por Gómez Mont, el 8 de enero de 2009, ya durante el trienio de Gregorio Sánchez Martínez.

El proyecto para desarrollar el nuevo Palacio Municipal en esa superficie de 54 hectáreas se canceló por cuestiones de seguridad.

Tan sólo 10 días después de las donaciones del 8 de enero del 2009, el 18 de enero, en sesión de Cabildo, el ayuntamiento aprobó por 11 votos a favor, la venta de los dos lotes con uso de suelo de Área Verde, pretextando el pago de la deuda municipal acumulada en las dos administraciones anteriores.

Los predios no habían sido desincorporados del patrimonio municipal, ni medió la subasta de ley. Un bloque de regidores amagó con promover una controversia constitucional por tales agravios.

El tema fue un escándalo. En octubre de ese año el gobierno municipal organizó una consulta pública para preguntar a la sociedad si estaba o no de acuerdo en la venta. El ejercicio fue pervertido por el propio gobierno, que llevó gente acarreada para votar a favor de la enajenación.

En noviembre de 2009, en sesión de Cabildo se aprobó el cambió la situación jurídica del par de lotes –que fueron fusionados en uno sólo de 18 mil 501 metros cuadrados, más el de 35 mil 520 metros cuadrados.

Se les modificó el dominio de público a privado; se instruyó al inicio del procedimiento para cambiarles el uso de suelo a comercial y se aprobó la enajenación de dichos inmuebles.

El 16 de marzo de 2010 la comuna sacó la convocatoria para la subasta. El precio que fijó al conjunto de lotes alcanzó los 244 millones 391 mil 908 pesos.

Toda la operación fue frenada por ciudadanos agrupados en la asociación “Ombligo Verde”, que promovieron el 7 de diciembre de 2009, un juicio de nulidad SCA/ A/ 131/ 2009, que declaró ilícita la enajenación de los predios. La sentencia fue dictada el 7 de julio del 2010, a favor de los "Ombliguistas".

Al respecto, Santhy Montemayor insiste en que los predios siguen siendo públicos y dice ignorar por qué Fonatur los incluyó en el desmonte de manglares y selva de enero pasado.