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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato en México de la periodista Anabel Flores Salazar e instó a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente para identificar y castigar a los responsables.
La Relatoría Especial de la CIDH informó en un comunicado que la periodista, que cubría información policial para el periódico local El Sol de Orizaba, en Veracruz, había sido secuestrada por unos hombres armados en su casa en la madrugada del 8 de febrero, y su cadáver fue encontrado al día siguiente en el estado de Puebla.
Según medios mexicanos, la periodista fue sacada de su residencia por un grupo de hombres ataviados con uniformes militares, chalecos antibalas y pasamontañas.
"La Relatoría manifiesta especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México, donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz", afirmó la CIDH.
El organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recordó que ocho periodistas fueron asesinados en México en 2014 por motivos presuntamente vinculados al ejercicio de su profesión, en 2015 hubo otros seis casos y que en este año ya van dos con la muerte de Anabel Flores.
Asimismo, indicó que dos de los asesinatos del año pasado tuvieron lugar en Veracruz, José Moisés Sánchez Cerezo y Juan Mendoza Delgado, y que ha habido numerosas denuncias de hostigamientos a otros reporteros en ese estado.
La situación de violencia contra los periodistas en México "ha sido motivo de preocupación especial" para la Relatoría, que recordó la obligación de las autoridades de "conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación".
El organismo indicó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y la Fiscalía del Estado de Veracruz han anunciado que se encuentran investigando el asesinato de Flores.
Pero consideró que es "fundamental evaluar de forma urgente" si deben ser las autoridades federales mexicanas las que se hagan cargo de investigar y procesar este tipo de casos.
"Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras", aseguró.
tpc
