Tras la confirmación del asesinato de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, diversas organizaciones no gubernamentales responsabilizaron a las autoridades estatales de estos hechos, y exigieron a los tres órdenes de gobierno dar respuesta para cuidar a la sociedad, cerrar el paso a la omisión y depurar las dependencias de seguridad y procuración de justicia del estado de Veracruz

“La omisión de las autoridades estatales para cumplir con lo estipulado en la Ley Nacional de Seguridad Pública les hace moralmente responsables de la tragedia acontecida con los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, así como de otros casos de desaparición a manos de policías estatales que se comienzan a documentar por la propia sociedad”, informaron las organizaciones a través de un comunicado.

De acuerdo con datos del el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el 31 de diciembre de 2015, en Veracruz “siguen en activo 41% de los Mandos Policiales y 34% de los operativos de la SSP a cargo de Arturo Bermúdez Zurita reprobados en Control de Confianza”.

“En cuanto al personal de los Centros de readaptación social un 48% de los Mandos y un 47% de los operativos se encuentran también reprobados y en funciones”, añadió.

Asimismo, indicaron que para lo sociedad civil es lamentable que el gobernador Javier Duarte haya incumplido su compromiso de apoyar los operativos conjuntos de la Marina y que ponga en riesgo los esfuerzos institucionales y humanos realizados por ciudadanos que se sumaron a la nueva fuerza policial para garantizar la seguridad en la entidad.

“Consideramos que la desaparición forzada de ciudadanos a manos de autoridades policiales estatales, la escasa protección a periodistas así como la indiferencia de la Fiscalía General del Estado a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras para investigar los delitos deben tener consecuencias en Veracruz y en todos los estados donde la omisión y la revictimización son una constante”, subrayó.

Ante esta situación, las ONG exigieron con carácter de urgente “una depuración completa de las dependencias de seguridad y procuración de justicia del estado de Veracruz, comenzando por sus titulares que han dejado de ser un referente confiable para la sociedad”.

De la misma forma y para garantizar que las investigaciones relativas a las desapariciones forzadas, sean justas y creíbles, consideraron necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice un censo de víctimas en el Estado para determinar la cantidad de personas desaparecidas y establecer en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob) respuestas institucionales a la sociedad y las familias mexicanas.

Suscriben:

Causa en Común A.C.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Observatorio Nacional Ciudadano A.C.

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)

Mexicanos Primero A.C.

Policía Internacional Sonora-Arizona A.C. (capítulo México)

Fundación Desarrollo Integral Comunitario A.C

Iluminemos México A.C.

Coordinación de la mesa de seguridad y justicia del Norte de Veracruz

Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C.

Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim)

Convivencia Joven A.C.

Consejo Ciudadano de la Ciudad de México A.C.

Iniciativa ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

Puebla Vigila A.C,

Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.

Juan Francisco Torres Landa R.

María Amparo Casar

Jorge Chabat

José Octavio López Presa

María Eugenia Suárez de Garay

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Arely Rojas

Julian Mejia Berdeja

Antonio López Ugalde

Miguel de la Vega

Vicente Sánchez Munguia

Carlos Garza Falla

Layda Negrete

Edgar Baltazar

tpc

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