Los cónsules de Honduras, Nicaragua y Guatemala visitaron las instalaciones del albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, en este estado.

Ahí manifestaron su preocupación por el alto índice de actos de violencia de que son víctimas los migrantes que llegan a esa zona de Oaxaca.

El sacerdote y fundador de ese albergue, Alejandro Solalinde Guerra, informó que Marco Tulio Bueso, cónsul de Honduras en Tapachula; Namiria Fuentes, cónsul de Nicaragua en Tapachula; y Mario Gonzáles, cónsul de Guatemala en Oaxaca se reunieron con migrantes de sus respectivos países, quienes les narraron las agresiones que han sufrido durante su paso por Oaxaca.

Después, en privado, se reunieron con Solalinde y el personal a cargo del albergue, para discutir la situación que padecen los migrantes que, aseguran, se agravó desde el inicio del Programa Frontera Sur, en agosto de 2014.

A la fecha, dijo, son más de 400 denuncias las que se han interpuesto ante la Fiscalía Especializada de Atención al Migrante de Chahuites e Ixtepec, sin que las hayan atendido ni realizado acciones para disminuir la incidencia delictiva.

Solalinde dijo que acordaron dar continuidad a estas reuniones el próximo 7 de diciembre en la ciudad de Oaxaca para analizar los avances sobre la demanda de que autoridades tomen medidas para evitar más agresiones hacia los migrantes en el Istmo de Tehuantepec.

“Hemos ido a ver a las autoridades de la Fiscalía para solucionar esta grave situación, pero es como si les entrara por un oído y les saliera por el otro. No se ha hecho lo suficiente porque continúan las agresiones.

“Ahora se intensificaron los asaltos de Chahuites a Ixtepec. Seguiremos insistiendo hasta que esto pare”, manifestó.

Dijo que se busca un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el albergue Hermanos en el Camino, que brinde respeto a las garantías fundamentales de los migrantes que transitan por el territorio nacional, que erradique la impunidad de las autoridades del ramo, ya que muchos han sido señalados de estar involucrados en las agresiones.

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