Las reformas electorales aprobadas por el Congreso de Puebla que imponen más candados para el registro de candidatos independientes, suman tres impugnaciones presentadas por el PRD, Morena y ahora por la dirigencia del PRI, que en caso de ser aceptada podría ser turnada a la ministra Margarita Luna Ramos.

De acuerdo con los estrados del máximo tribunal, otra reforma electoral que está impugnada es la vigente en el estado de Tlaxcala, lo que sumado a las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes electorales de Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, equivale a cinco leyes electorales que deberán ser analizadas por el Pleno de la Corte en las próximas semanas.

Conocidas como leyes antibronco por su aprobación tras el triunfo del candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dichas normas imponen a los aspirantes sin partido la obligación de juntar el 3% de las firmas del padrón electoral en el lugar que pretendan competir.

En el caso de Puebla, dichas limitantes se extienden al financiamiento, ya que se le impone a los candidatos independientes la obligación de que ellos mismos se pongan un tope de financiamiento antes de iniciar su campaña, por lo que en caso de que éste sea rebasado, sería sancionado y se le retiraría la candidatura.

Además, se les niega a los independientes el acceso al financiamiento público durante la campaña, el cual fue sustituido con una previsión para reponerles 50% de sus gastos al término de la misma.

Ante dichas limitaciones, la reforma electoral de Puebla ya había sido impugnada por el PRD y Morena mediante distintas acciones de inconstitucionalidad, por lo que ambos expedientes fueron turnados a la ministra Margarita Luna Ramos.

En caso de que la acción de inconstitucionalidad del PRI también sea admitida a trámite, cabe la posibilidad de que también se le turne a la ministra, quien previamente había acumulado en un mismo caso las impugnaciones del PRD y Morena en contra de las reformas electorales aprobadas en Puebla en agosto pasado.

En tanto, las reformas a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y sus leyes electorales secundarias fueron impugnadas por el PAN, PRD y Morena, partidos que presentaron diversas acciones de inconstitucionalidad a través de sus respectivos líderes nacionales.

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