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Hermosillo. — Desde el mes de marzo, el gobierno de Estados Unidos alertó al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, sobre una red de tráfico de menores en esa entidad con alcance internacional operada por funcionarios estatales; sin embargo, las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos fueron dictadas hasta el 20 de agosto pasado.

A través del oficio ICE007/2015, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos advirtió al titular de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad sobre información proporcionada por una “fuente confidencial” acerca de un grupo de personas dedicadas a la venta de recién nacidos a parejas tanto mexicanas como estadounidenses, para que las parejas “adoptantes” se convirtieran en “padres biológicos” ante la ley.

En el documento, fechado el 26 de marzo pasado y firmado por el agregado adjunto de Seguridad Nacional del consulado de EU en Hermosillo, Mario H. Méndez, se reporta sobre las actividades “transfronterizas” de al menos dos presuntos implicados en la red de venta de niños, la cual supuestamente operaba desde 2012.

Se trata de José Manuel Hernández López, de 37 años, y Emma Consuelo Falcón, de 36 años.

Según el reporte, Hernández López, ex director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, se encargaba de contactar a los padres interesados para ofrecerles a los pequeños, mientras que Falcón Etchechury, pareja sentimental de Hernández López, lo acompañaba para consolidar la compraventa de menores.

Sin embargo, la procuraduría local tardó 14 días en solicitar la presentación urgente de José Manuel Hernández López y Vladimir Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor del DIF Sonora.

El 8 de mayo pasado, un grupo de supuestos padres adoptivos realizó una manifestación en las afueras de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo para exigir la entrega de los pequeños, por quienes habían pagado cantidades que iban desde los 100 mil hasta los 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares, unos 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha.

A raíz de lo anterior, el 9 de mayo la Procuraduría de Sonora requirió a Arzate Carbajal y Hernández López, quienes se presentaron a declarar, pero fueron puestos en libertad con las reservas de ley y actualmente se encuentran en calidad de prófugos.

La acción penal fue encabezada por el director de Averiguaciones Previas, Luis Enrique Verdugo Toledo, quien integró un expediente en la Agencia Primera de Querellas contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal por la presunta trata de personas, al gestionar adopciones irregulares, incluyendo entrega de menores de edad a personas radicadas en el extranjero.

Tres y medio meses después, el 27 de agosto, la Procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, sin que hasta el momento haya resultados oficiales de las investigaciones.

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