Gobierno de Q.Roo rechaza recomendación de la CNDH en caso Canché

El gobierno de Quintana Roo hizo pública, hoy, “la no aceptación” de la recomendación 13/2015 que le giró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace dos meses, por las violaciones cometidas en contra del comunicador maya, Pedro Canché, al cual acusó falsamente de haber cometido el delito de sabotaje y a quien encarceló ilegalmente durante nueve meses en una prisión del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

En su respuesta, el gobierno estatal indica que la Ley no contempla las “disculpas institucionalizadas”, que no se le puede ordenar “de manera previa y forzosa” una indemnización de la naturaleza que fuere, si ésta no ha sido “tramitada y solventada” y que cumplir la recomendación en esos términos, sería “ilegal y violatorio del orden constitucional”.

La Consejería Jurídica del gobierno del estado, a cargo de Raúl Labastida Mendoza, cumplió este miércoles –en el ámbito local- con la instrucción del organismo nacional de hacer público en un medio de amplia circulación estatal y nacional, la respuesta a la recomendación en la que la Comisión concluye que en Quintana Roo no hay garantías para la Libertad de Expresión y se pide al gobernador, Roberto Borge, indemnizar a Canché Herrera y pedirle una disculpa pública, entre otras cosas.

En la plana de un periódico local, se publicaron hoy las cuatro hojas en las que la Consejería Jurídica estatal respondió parcialmente a ocho de los 146 puntos, contenidos en las 49 páginas de la recomendación 13/2015, emitida por la CNDH y notificada a Borge Angulo, el siete de mayo pasado.

En uno de los puntos, el gobierno del estado se niega a indemnizar a Pedro Canché, bajo el argumento de que “no puede ordenarse de manera previa y forzosa (…), si la misma no ha sido tramitada y solventada con las formalidades escenciales del procedimiento”.

En ese caso, la Consejería Jurídica consideró que “implementar la recomendación en sus términos sería ilegal y violatorio del orden constitucional”.

Sobre la solicitud de la CNDH para que funcionarios públicos del Poder Ejecutivo “se abstengan” de emitir cualquier pronunciamiento que estigmatice el trabajo de quienes difunden información, en ejercicio de su libertad de expresión, el gobierno del estado respondió que “no debe ni puede (…) limitar, condicionar pronunciamientos de persona alguna, sin incurrir en violaciones a derechos fundamentales”.

Añade que no existe figura penal para definir “estigmatizaciones”, por lo que las calificaciones de esa índole se realizan bajo “criterios subjetivos”.

En ese mismo punto omite responder lo concerniente a los cursos de capacitación que deben recibir los funcionarios públicos, sobre la importancia de la Libertad de Expresión; tampoco responde a la petición de brindar todas las garantías para el ejercicio de dicho derecho constitucional en Quintana Roo.

En el cuarto punto, Borge Angulo se negó a instruir al Procurador de Justicia, Armando García Torres, para reconocer formalmente a Pedro Canché como víctima y que se le pida una disculpa pública institucional adecuada, por los agravios de los que fue blanco, entre ellos, su aprehensión, su encarcelamiento y las golpizas que recibió en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, a propósito de un delito falsamente imputado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y por la propia Procuraduría de Justicia local.

“No puede instruirse a funcionario alguno a otorgar reconocimientos institucionales sin haber agotado las formalidades de previo procedimiento y menos aún prejuzgar sobre culpas y disculpas, al margen de lo señalado en las leyes respectivas que no contemplan la disculpa institucionalizada de referencia”, se lee.

La inocencia de Canché Herrera quedó acreditada el 28 de mayo pasado, cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió que no existió el delito de “sabotaje” y ordenó la liberación inmediata del comunicador.

En un quinto punto, sobre la petición de la CNDH para que se instale en el estado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo y se inscriba en ella a Canché, como víctima, el titular de la Consejería Jurídica se niega, a nombre del gobierno estatal, al señalar que se trata de una medida unilateral.

“Debe notarse que no debe, ni puede el Ejecutivo dictar medidas unilaterales a comisiones en las que interactúan otros poderes” –y matiza- “la recomendación no puede satisfacer sus términos, pero es intención realizar la coordinación interinstitucional para optimizar el funcionamiento de la señalada comisión”.

En el sexto punto, referente a los cursos que deben recibir los agentes del ministerio público del fuero común, sobre el respeto a la Libertad de Expresión, para evitar violaciones como las que se cometieron en contra de Pedro Canché, Labastida Mendoza señala que ya existen cursos de capacitación sobre “derechos fundamentales” y no deben restringirse a un “caso ejemplar”, pues resultaría “académicamente inconveniente”.

Acerca de la solicitud de colaboración con la CNDH en la presentación y seguimiento a la denuncia de hechos que interpondrá ante la Procuraduría de Justicia, en contra del ministerio público, Patricio León Galera, quien integró el expediente en contra del comunicador maya, se respondió que la querella será atendida en el marco de la normatividad procedente “evitándose que el criterio político del ejecutivo a sus explícitas indicaciones se sobrepongan al marco legal y procesal vigente”.

El último punto alude también a la colaboración del ejecutivo estatal para aportar elementos, pero de índole administrativo, para fincar responsabilidades al ministerio público y funcionarios involucrados en los agravios contra Canché.

Al respecto, se respondió invocando la autonomía de los organismos públicos y a que una “injerencia del Ejecutivo” en ellos, sería “inconveniente” para el respeto de la Constitución y de los Derechos Humanos.

El domingo pasado, la CNDH solicitó al gobierno de Quintana Roo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva, hacer publica su negativa a adoptar la recomendación en el caso Canché.

El Tribunal de Justicia no ha dado cumplimiento aún a dicha solicitud. Tampoco se conoce la postura del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, respecto a la recomendación 13/2015, que también le fue girada.