Exigen liberar a ex empleada doméstica de Padrés Elías

Hermosillo.— Gisela Peraza Villa cumplió una condena de más de cuatro años sin ser culpable, y sigue en la cárcel. Sólo ella sabe que vio y que escuchó en esas paredes que guardan secretos inconfesables: la recámara del matrimonio Padrés-Dagnino.

La humilde trabajadora doméstica de la casa de gobierno —acusada de robar en la recámara del gobernador Guillermo Padrés Elías y su esposa Iveth Dagnino una maleta con dinero y joyas— fue torturada por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) para que confesara culpabilidad y aún tiene lesiones de esos golpes, asegura Eloísa Villa Luna, madre de Gisela.

Fue detenida el 13 de marzo de 2011 y el pasado 2 de junio cumplía su sentencia, pero un día antes personal del centro de reclusión femenil presuntamente halló cinco “globitos” de cristal debajo de su cama. La enviaron a la celda de castigo y su situación legal se agrava.

La joven trabajó nueve años con la familia Padrés-Dagnino y fue acusada de robo en presunta complicidad con un agente. Estuvo en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo fue regresada al Cereso femenil de esta capital, de donde debió salir el pasado martes.

Desde ese día, su madre, Eloísa Villa Luna, y su hermana, Delma Peraza, exigen justicia frente a las puertas del Palacio de Gobierno.

“El gobernador es responsable de lo que le pase a mi hija. Yo no le tengo miedo; que salga y me dé la cara, porque mi hija no robó y se ensaña con ella”, arenga la señora Villa frente a los guardias que custodian las puertas del edificio público estatal, ubicado cerca de la Catedral de Hermosillo.

Asegura que a Gisela le ofrecieron libertad y dinero a cambio de desterrarla de Sonora, que se vaya a trabajar y a vivir a Mexicali, Baja California, porque allá gobierna el PAN.

Delma Peraza Villa cree que el gobernador no la quiere liberar porque en los próximos días se desarrollarán las elecciones y teme a que hable de algo que se haya enterado, por eso la están inculpando nuevamente.

La familia, oriunda de la comunidad Guadalupe de Ures, busca apoyo de la sociedad y este 4 de junio realizó una marcha de la Plaza Emiliana de Zubeldía hacia el Palacio de Gobierno.

Acusación oportuna

A unas horas de su liberación, Gisela Peraza Villa fue sometida a una revisión en su celda.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) informó que el pasado martes, a las 09:00 horas, las autoridades del Cereso la pusieron a disposición de la Fiscalía, junto con un parte informativo, donde señalan que se hizo una revisión a la celda y encontraron cinco envoltorios de crystal, con un peso aproximado de 0.32 gramos.

El miércoles 3 de junio, alrededor de las 13:30 horas, la Procuraduría consignó el caso ante el Juez Octavo de Distrito, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta.

Será el juez quien defina su situación jurídica el próximo lunes, luego de que el abogado de la inculpada solicitó una ampliación del término legal para la aportación de pruebas.

Se buscó entrevistar al gobernador Guillermo Padrés Elías para conocer la postura sobre el caso, pero en Comunicación Social se informó que se encuentra fuera de la ciudad.

Desacata recomendación de la CNDH

La familia, indignada por lo que le ha pasado a la ex trabajadora del gobernador, reclama justicia, pues el 11 de noviembre de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobierno estatal, que dice:

“La mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora”.

La CNDH expone en la recomendación que Gisela Peraza “fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.

Asimismo, que fue liberada el 18 de marzo del presente año y posteriormente reaprehendida el 5 de abril; se indicó que durante la segunda detención, elementos de esa corporación policiaca “la llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado.

“Cabe resaltar que por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”, policía sobrino del secretario de Seguridad Pública del Estado.

Violación a derechos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone que, una vez concluida esta investigación, confirmó que con su conducta los servidores públicos mencionados violaron el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y derecho a la libertad personal de las víctimas.

“El gobierno de sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”, aduce en el documento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El organismo demandó al gobierno de la entidad capacitar a servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo del Estado y de la Policía Estatal Investigadora, para que toda actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos consistentes en tortura física, mental o de cualquier otro tipo.