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Ayotzinapa. La crisis de la normal rural

De 500 postulantes que buscaron unos de los 140 lugares en 2011, para este ciclo sólo acudieron 168; problema en escuela data de años atrás, asegura experto
En el interior del plantel Isidro Burgos permanecen los 43 pupitres con las fotografías de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre y leyendas con exigencias de su presentación con vida. Los alumnos aguardan el inicio de clases el 17 agosto
22/06/2015
12:52
Vania Pigeonutt / corresponsal
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Ayotzinapa

Ulises salió de su casa a las 6 de la mañana el 5 de junio pasado. Tres días antes, sacó ficha como aspirante a la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Cabello crespo, flaco hasta los huesos, ojos almendrados y 18 años de edad. El joven es egresado de la preparatoria 26 de Chilapa, viene a Tixtla, al internado, como otros 168 aspirantes a hacer su examen. Busca una oportunidad para ser profesionista.

Sin embargo, aunque Ayotzinapa se convirtió —en los últimos nueve meses— casi en un sitio de culto, no muchos se interesaron en formar parte de la matrícula. Competirán por uno de los 140 espacios disponibles —100 para la licenciatura en Educación Primaria y 40 para Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe— con posibilidades de que no todos aprueben el examen de ingreso.

Uno de ellos es Ulises, quien sabe lo que pasó el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, pero no le da miedo. No piensa que un suceso similar podría acabar con su vida. No. Para Ulises lo más importante es terminar una carrera. Su familia no tiene dinero para pagarle una universidad, menos para rentarle un cuarto. Ayotzinapa se convirtió en su única opción académica.

Sus 18 años los ha pasado en Chilapa; soñando, en últimas fechas, con escapar de aquel lugar que se ha convertido en uno de los más inseguros del estado, por la pugna entre dos cárteles de la delincuencia organizada. Así que, confiesa, es esa salida, aunque desconoce qué encontrará. Repite: “No me asusta”.

Supo de la escuela por amigos, y vino “nomás a ver”. Veía noticias sobre los desaparecidos del 26, pero poco sabe de los dos estudiantes asesinados por la golpiza que policías del estado dieron a normalistas en 2007, y que desde hace nueve meses en Ayotzinapa, de lo que menos hay tiempo, es de estudiar. Desconoce casi todo de la escuela, pero está emocionado.

No tiene claro que si aprueba el examen que aplicó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a los aspirantes de la normal, no sólo será maestro, la meta de la ideología socialista que se promueve en ésta, una de las 16 normales rurales del país, es también formar luchadores sociales; espera quedarse.

El 17 de agosto inician las clases, pero le han contado “cuates”, que además de la academia, tiene que participar en mítines, marchas, formar parte de comités, cuyas comisiones en ocasiones consisten en sustraer gasolina de pipas, “pedir prestados” camiones para realizar actividades y formarse rumbo al activismo.

¿Activista? Ulises no entiende por ahora bien el término, apenas escuchó hablar a Omar García, un estudiante de segundo año que si bien no es el secretario general de la normal, es uno de los líderes más importantes del movimiento que ha exigido justicia por la presentación con vida de 43 estudiantes desaparecidos por policías municipales y narcotraficantes.

La plática de Omar fue inspiradora, cuenta el muchacho a quien —luego de cuatro horas de examen— le pareció más difícil la parte de matemáticas. Dice saber que en Ayotzinapa además de estudiar “hay que apoyar la causa y participar en todo”. Algo así entendió de Omar, quien le pareció un tipo muy listo. Ulises se prepara. Sabe que después del 5 de julio, los días no serán fáciles.

Desde su semana de inducción, días en los que —según denuncias de familiares de aspirantes de otros años— los miembros del Comité de Organización Política e Ideológica (Copis) obligan a los postulantes a comer cebollas crudas y correr descalzos en la carretera de noche para que adquieran conciencia.

Omar García va saliendo de la sala de audiovisual con una playera que tiene un árbol pintado con los rostros en pequeño de los 43 desaparecidos. Son casi las 14:00 horas. El joven, que ha ido a Estados Unidos y a varias entidades del país donde ha ido a hablar de los hechos del 26 de septiembre, cuando él estuvo presente, sabe que su escuela tiene que renovarse.

Cuenta que luego de hablar con muchachos, a quienes les brillaban los ojos y platicaban en bola, les preguntó: “A cuántos de ellos sus padres les habían hecho la reflexión de no venir a la escuela. Todos levantaron la mano. El problema entonces es que a pesar del miedo que hay en la población, a pesar de la repercusión psicológica, siguen teniendo necesidad”.

Dice que desde 2011 disminuyó el número de aspirantes. “Ya veremos el proceso de ingreso, los resultados socioeconómicos, la última semana de junio. Luego viene la semana de inducción”. En su experiencia en Estados Unidos y en otros países que ha visitado por el movimiento, entendió que su escuela “tiene que empezar a autogestionar; por la falta de recursos se ha venido abajo”.

—¿Por la situación de la lucha, se han olvidado de la academia?

—Por la situación de lucha todo se ha venido abajo, así como se truncó la vida de padres, madres. A duras penas logramos salvar el semestre y esta vez estamos haciendo lo mismo. Ponernos de acuerdo con los maestros para evaluarnos, hacer ensayos finales; realmente lo que más hace al maestro es la práctica.

 

El perfil de los estudiantes

EL UNIVERSAL siguió el proceso de nuevo ingreso desde que salió la convocatoria, el 27 de abril pasado y obtuvo copia de los perfiles de 157 de los 168 aspirantes; de dónde son, dónde estudiaron la preparatoria, sus promedios y cuántos años tienen.

De la cabecera municipal de Tixtla, donde está la normal rural, son 56 interesados; sólo tres de dos comunidades indígenas de ese municipio, uno de Atliaca y dos de Acatempa; de regiones marginadas, como la Montaña son 25, tan sólo 21 de Acatepec, donde hay etnias tlapanecas; de Tlapa, un interesado, y de Malinaltepec (región mixteca- Ñu Savi) otro, y uno más de Huamuxtitlán.

El resto pertenecen a municipios como Chilpancingo, Acapulco, Tecoanapa, Ayutla, Chilapa, Mártir de Cuilapan y 16 vienen de otras entidades como Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal y Chiapas.

La idea del ex presidente Lázaro Cárdenas sobre las normales rurales, creadas formalmente en 1920, era empoderar a los habitantes de comunidades alejadas y marginadas; en la actualidad la mayoría de los interesados al internado son de Tixtla, que se ubica a sólo 20 minutos de la capital del estado y cuyo Índice de Desarrollo Humano es “alto”, de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicados en 2005.

De la lista obtenida por este diario, se promedió al total de los estudiantes que habían hecho su proceso de ingreso hasta el 20 de mayo, con un resultado de 7.9, de promedio.

Los jóvenes estudiaron en preparatorias abiertas o adheridas a alguna universidad pública; ninguno salió de una escuela privada.

En mayo, luego de siete meses de lucha por los 43 desaparecidos y que la escuela se convirtió en un gran hostal donde lo que se observa es a activistas y familiares de los desaparecidos, se publicó el documento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para el ingreso.

El proceso de integración de la generación 2015- 2019 no ha sido nada sencillo. Pocos quieren ingresar a Ayotzinapa. Ante los Copis estaba el reto más grande, que se mantuvo con mucha discreción: que la matrícula se completara. Las fichas rebasaron la expectativa.

En 2012, luego de que en diciembre de 2011 fueron asesinados extrajudicialmente Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, hubo 500 interesados.

Esta vez menos de 200 se animaron. Además de que la opción de convertirse en profesores de comunidades apartadas, rurales y muchas indígenas de la entidad, cada vez es un sueño que se desdibuja. La SEG admitió que ya no les quieren aprobar más plazas. Aunque faltan muchos maestros en las comunidades, para la federación sobran presupuestalmente, pues hay al menos 11 mil que cobran como comisionados; es decir, maestros que no dan clases, hacen funciones administrativas.

Un aspirante a Ayotzinapa no paga absolutamente nada, dice Carlos Pérez, uno de los encargados de recibir kárdex y certificados de bachillerato, incluso, hasta de quinto semestre de bachillerato, como requisito. Él, quien va en segundo año de normal, apoya con la tarea de entregar las fichas. Hasta mayo 17 iban 114.

En la convocatoria se estipuló que la recepción de documentos concluiría el 20 de mayo, pero para ese día no se completaban ni los 140 espacios disponibles, así que la SEG dio hasta el 24 de mayo. Los resultados serán publicados el 13 de julio.

 

Problema añejo

Humberto Santos Bautista, académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), especialista en formación docente, fue invitado durante la crisis de 2011 por la comisión de interlocución que encabezaba Servicios para la Paz (Serapaz), autoridades y estudiantes, en febrero de 2012 para ser director de Ayotzinapa. No estaba convencido porque sabía que gobernaban los “chavos”.

Pero la idea de proponer algo para mejorar la normal lo impulsó. Ese ánimo le duró siete meses: nunca recibió aprobación para su propuesta y ahora está seguro que la SEG ni la leyó.

En su diagnóstico, del cual tiene una copia EL UNIVERSAL, dice que la normal desde 2011 “vive una crisis derivada de años y por haber transitado fuera de los cauces institucionales, al grado de que ha sido esa misma inercia la que ha llevado a la escuela de haber perdido la mayor parte de su patrimonio territorial: de 250 hectáreas de terreno que le pertenecía, escasamente le queda poco más del 10%. Actualmente se conserva un área productiva, que consiste en mantenimiento de ganado vacuno, porcino y aviar, con espacios amplios y potencialmente productivos; y la producción de maíz, frijol y sorgo. “De las 64 colmenas en la década de los 80, hoy no queda ninguna” .

El principal problema con esta área es lo que ocurre con la mayoría de los espacios de la escuela, que es un vacío institucional, donde no es el personal administrativo que dirige estos espacios, indica.

Señala que la formación académica de los maestros ha sido un espacio descuidado, lo cual incide en el ejercicio de la docencia. De los 60 profesores, sólo dos cuentan con grado de doctor, siete con grado de maestría, 10 con licenciatura y otros que están en proceso de estudios. Es decir, menos de 30% de los profesores cuentan con título en algún posgrado.

Hay una subutilización de las plazas que formalmente están adscritas a la institución: de las 2 mil 255 horas, 23% no son utilizadas en beneficio de la escuela normal, ya que 13 docentes no tienen grupo porque están comisionados en otras actividades dentro de la escuela o fuera de ella, espacios que por supuesto no corresponden al ámbito docente.

Regresamos con Carlos Pérez, el estudiante que como parte de las comisiones y desplazando las funciones directivas, se encarga junto con otros compañeros, porque la SEG lo permite por un acuerdo político, de anotar a los postulantes. Él dice que aun con la crisis ponderarán lo político, porque además de ser maestros deben formar a gente no alineada, a gente consciente.

Y asegura que el futuro académico de Ayotzinapa estará acompañado de consignas, y actividades, porque todo lo que tienen es con base en esfuerzo y lucha. Los cinco ejes seguirán: los módulos de producción, el académico, el político, el deportivo, el cultural y el social.

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