Denuncian opacidad en recursos para salud en BC

El dirigente del Sindicato de la Secretaría de Salud estatal, Marco García, indicó que no se ha ejercido el presupuesto federal para el rubro, lo que ha provocado que no se pueda dar servicio a los jornaleros que no tienen seguridad social
Jornaleros durante una reunión en San Quintín (ARCHIVO EL UNIVERSAL/ Luis Cortés)
26/05/2015
12:16
Julián Sánchez
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El gobierno de Baja California es el único de los 31 estados de la República, que no aporta lo que por ley le corresponde para otorgar servicios de salud, lo cual repercute en la falta de atención para jornaleros de esa entidad que no cuentan con seguridad social.

Marco Antonio García Ayala, dirigente del Sindicato de la Secretaría de Salud, sostuvo en entrevista que la administración de Francisco Vega de la Madrid ha recibido recursos autorizados por la Cámara de Diputados y entregados por la Secretaría de Hacienda para infraestructura y atención, pero no lo ha ejercido.

"El proporcionar servicios de atención médica, es una acción que tendría que hacer el gobierno del estado a quien no cuente con seguridad social, pero desgraciadamente no han sido afiliados todos los jornaleros. 

"Esto sin duda pone en una condición a la Secretaría de Salud estatal de no estar cumpliendo con lo que es un recurso que se le asigna por parte de la Cámara de Diputados, vía la Secretaría de Hacienda, para cumplir con el otorgamiento de los servicios de salud", subrayó García Ayala.

Jornaleros de San Quintín, Baja California, se han quejado de la falta de las autoridades locales para que puedan tener acceso al Seguro Popular o al IMSS.

Como parte de eso, en el primero de los 13 compromisos firmados el pasado 13 de mayo, entre jornaleros de San Quintín y los gobiernos federal y estatal se establece:

"Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores".

Sobre el particular, Marco Antonio García Ayala subrayó que eso garantiza el cumplimiento de la ley que se había retrasado para muchos jornaleros, en tanto el gobierno del estado debe cumplir con sus obligaciones en la materia.

"Hay una aportación que es por ley, que es la aportación solidaria estatal, pero la administración de Baja California, por una insistencia un tanto caprichosa del gobierno anterior y del actual, no han querido participar como el resto de los estados que sí lo hacen con aportaciones estatales.

"Eso es incumplir con lo que tendrían la garantía de una mejor cobertura para las personas de San Quintín, que han tenido problema de rezago en la atención".

cd

 

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