Este año ha estado marcado por los feminicidios, esas muertes en las que mujeres pierden la vida por su género, porque estuvieron en una situación en la cual su oponente era más fuerte y tenía una relación de dominio.

El caso más reciente es el de Mara Fernanda Castilla, de 19 años, estudiante del tercer semestre de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Desapareció la madrugada del viernes 8 de septiembre, luego de haber estado con unos amigos en un bar y de abordar un taxi ofrecido por una compañía que brinda el servicio bajo demanda y por medio de una aplicación telefónica.

Días después su cuerpo apareció envuelto en una sábana a la orilla de una carretera.

El hecho causó el repudio y una indignación generalizadas. Con justificación, este domingo miles de mujeres salieron a las calles en las principales ciudades del país para demandar protección y justicia ante los casos de feminicidios. No es la primera vez que se ven este tipo de movilizaciones. Ha habido al menos un par más en meses recientes, sin que los asesinatos contra mujeres hayan disminuido. Las distintas autoridades están quedando cortas en la atención del problema.

Declarar la alerta de violencia de género, por ejemplo, parece causar temor a algunos gobiernos y se oponen a establecerla mientras el fenómeno sigue. Ese mecanismo de protección de los derechos humanos considerado “único en el mundo” busca poner en marcha acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia contra la mujer, con base en un grupo interinstitucional y multidisciplinario.

La violencia de género es un hecho inocultable y la autoridad debe ser la primera interesada en contenerlo y erradicarlo, sin esperar a que el clamor en las redes sociales crezca para comenzar a atenderlo.

En el caso específico de la muerte de Mara, se involucra también otro aspecto importante: la compañía que ofrece el servicio de taxi por medio de la tecnología. El presunto feminicida es el conductor, por lo que la empresa, en primer lugar, tendría que redoblar sus estándares de contratación y la autoridad en la materia revisar a la compañía involucrada y otras de ese tipo. La delincuencia no puede ahora valerse de la tecnología para atentar contra la ciudadanía.

Pero, sin duda, la causa principal de que los casos de feminicidios no cedan es el elevado índice de impunidad que prevalece en el país. Cometer un delito y saber que la probabilidad de ser condenado es de 10% o menos es el aliciente principal para el crimen.

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