El acoso es delito proclive a presentarse en cualquier ambiente o industria. Se trata de un problema que ha cobrado visibilidad en estos tiempos porque vulnera profundamente los derechos humanos del individuo que lo padece; del mismo modo, debilita a las instituciones en las que sucede y rompe el pacto social más básico porque distorsiona las relaciones de convivencia entre individuos.

El acoso y el hostigamiento que ocurren en el ambiente laboral son aspectos penados por la Ley Federal del Trabajo de nuestro país, pero que se siguen presentando frecuentemente, como da a conocer hoy EL UNIVERSAL. Quienes padecen de ello resultan afectados en múltiples niveles: terminan siendo improductivos para la institución en la que fueron acosados, las relaciones laborales se destruyen y los derechos de la persona se transgreden.

Aunque con frecuencia el acoso y hostigamiento se dan en condiciones de abuso de poder, puesto que quien incurre en ello suele ser jerárquicamente superior a la víctima, estos delitos también se registran entre compañeros de trabajo y, en menor medida, de subordinado a directivo. Como sea, el fenómeno en sí mismo, y la forma en la que a ello se reacciona, revela la madurez de cada sociedad.

Frente a casos de abuso, acoso y hostigamiento, debe tomarse en cuenta el modo en que las sociedades y las instituciones dan cara al problema. En México, a pesar de los casos documentados que existen, todavía es necesario un debate más franco y abierto sobre las implicaciones del acoso laboral, sus efectos, los castigos para sus perpetradores y la atención a las víctimas.

Las relaciones de poder son un aspecto básico en torno al acoso y hostigamiento laboral. A pesar de que estos delitos están penados, de forma cotidiana las víctimas se rehúsan a proceder en contra de quienes les atacan debido a las posibles consecuencias negativas que ello acarreará en su prestigio personal, en el trabajo, en su entorno y trayectoria profesional.

Debido a las relaciones de poder, para quienes sufren acoso y hostigamiento laboral, no es sencillo enfrentar un proceso penal que les implicará recursos y ante el que, de inicio, están en desventaja. En nuestro país se necesita fomentar la cultura de la denuncia sobre estos delitos, mientras que las instituciones de cualquier índole deben contar con protocolos para las víctimas sepan cómo actuar dado el caso con la garantía de que podrán proceder legalmente sin temor a represalias.

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