Que paguen lo que deben

El monto de la recaudación de impuestos en México, como proporción del PIB, sigue siendo menor en comparación con otras naciones de América Latina, a pesar de que en los últimos sexenios se han hecho esfuerzos por ampliar la base de quienes deben contribuir con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué México se mantiene rezagado en la materia?

Aunque no es el único factor, uno de los más importantes lo expone hoy este diario: México se encuentra entre los países más perjudicados por la evasión fiscal que realizan empresas multinacionales, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado la evasión de las multinacionales a nivel global en un rango de 100 mil y hasta 240 mil millones de dólares al año. Un estudio de la Universidad de las Américas señala que en 2015 los consorcios evadieron en México 197 mil 156 millones de pesos.

Las empresas se valen de lagunas legales para ampliar sus deducciones tributarias y para trasladar sus ganancias a otros lugares, usualmente los llamados paraísos fiscales.

El informe del Banco Mundial debe convertirse en una seria alerta para que el Servicio de Administración Tributaria, en conjunto con el Congreso de la Unión, tome cartas en el asunto y se ponga un alto a ese tipo de acciones en las que el único perjudicado es el desarrollo de México.

También es necesario conocer qué consecuencias ha tenido el convenio que el gobierno firmó en 2017, junto con 66 países, para aplicar medidas que eviten que las multinacionales abusen de tratados tributarios y evadan el pago de impuestos a través de lo que denominan “planeaciones fiscales agresivas”.

Gracias al pago de impuestos los servicios públicos se financian. En el momento que un sector deja de cumplir sus obligaciones, el país en general lo resiente, al no poder modernizar sus procesos o ampliarlos. Lo que se dejó de cobrar en 2015 equivale a lo que se asignó ese año a las secretarías de Desarrollo Social y de la Defensa.

A mediados de 2017, el Servicio de Administración Tributaria tenía un universo de casi 8 mil 500 grandes contribuyentes, de los cuales 60% son trasnacionales; es decir, al menos a 5 mil empresas se les debe exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Si las compañías extranjeras que operan en el país obtienen millonarias ganancias del mercado local, lo lógico es que paguen lo que por derecho les corresponde. Las acciones no deben interpretarse como “cacería”, sino como un estricto apego a la normatividad.