Doce años con el tema de la violencia e inseguridad dominando la conversación pública y política son demasiados. En este lapso decenas de comunidades han modificado hábitos y vida social por la actividad de los grupos criminales. Muchos empleos desaparecieron, varios negocios sencillamente no se concretaron por no encontrar el clima adecuado. Miles de vidas terminaron cuando se negaron a desprenderse de sus pertenencias o por quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Hay zonas que lograron mejorar en la tendencia homicida. Aunque con altibajos, Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez son ejemplo de ello. Sin embargo hay otras regiones que parecen condenadas a continuar inmersas en el delito y la impunidad, a pesar de los constantes anuncios de operativos.

El gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre se ha comprometido a modificar el escenario. Con ese objetivo, el miércoles presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.

El eje del proyecto es la creación de una Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa y conformada por elementos de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal.

Expertos ven una continuación de la estrategia que se ha seguido en los últimos dos sexenios, la de enviar a efectivos militares a desempeñar labores de seguridad pública, situación que —exponen— se contrapone a lo que marca la Constitución Política.

El intento del gobierno actual de instaurar un marco legal a la actuación del Ejército precisamente fue frenado ayer por la Suprema Corte al declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que pretendía avalar la participación castrense en temas de seguridad. El nuevo gobierno adelantó que buscará una reforma constitucional para regular la Guardia Nacional y no se incurra en la “simulación”.

A partir del 1 de diciembre será necesario que al proyecto se sumen actores que el miércoles estuvieron ausentes, como los gobernadores. No es deseable marginarlos del plan sino comprometerlos, por ejemplo, con la profesionalización de sus cuerpos policiacos.

También será indispensable que, de la misma forma en que se anunció el plan, se conozcan los avances, se reconozcan eventuales errores y se adopten los cambios pertinentes para alcanzar lo que se ha propuesto. Ninguna estrategia puede ser 100% exitosa. Admitir fallas de ninguna manera debe ser sinónimo de fracaso. Lo importante es actuar, en lo que puede ser la última oportunidad para alcanzar la paz.

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