Negligencia e incapacidad

Uno de los daños colaterales de la violencia se manifiesta en los servicios forenses de los estados. El alto número de asesinatos ocasiona con frecuencia la imposibilidad de clasificar la información de los cuerpos que reciben e incluso las instalaciones se ven rebasadas para albergar a decenas o cientos de cadáveres.

Sin embargo, un asunto es la incapacidad humana y de infraestructura para responder de manera adecuada ante la cantidad de cuerpos y otro la negligencia de los servidores públicos.

En una historia que presenta hoy este diario, se narra cómo la ineptitud e indolencia de servidores públicos no permitieron saber que en sus instalaciones tenían el cuerpo de Javier, a quien su familia buscó durante nueve meses, luego de que salió de su casa el 1 de febrero de 2018 y nunca más supieron de él.

Como ha ocurrido en muchas partes del país, los familiares iniciaron una búsqueda por su cuenta y lograron recopilar más datos que la autoridad. Durante tres meses se presentaron diariamente ante el servicio forense con el fin de tener al menos su cuerpo, si es que se confirmaba la muerte de Javier.

Medio año después, cuando se destapó el escándalo del trailer cargado con cadáveres —que deambuló por municipios de la zona metropolitana de Guadalajara en busca de un lugar donde depositar el macabro cargamento porque la morgue estaba saturada—, la familia volvió a insistir, les respondieron que había un cuerpo con las características de Javier. Tras una sexta prueba de ADN, el resultado fue positivo.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses siempre tuvo el cuerpo, ¿por qué no fue posible comunicarlo a la familia con oportunidad? El hecho revela a oficinas y funcionarios públicos que ignoran el dolor de familiares; en primera instancia puede responsabilizarse a ellos, pero solo son parte de un deficiente sistema de procuración de justicia que está presente en buena parte del país.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha señalado que en casos como el de Javier, quienes encuentran los cuerpos se limitan a llenar un informe policial y solicitan “los dictámenes periciales necesarios”, sin especificar más datos del hecho y omiten solicitudes de pruebas periciales a los servicios forenses.

En este nuevo gobierno estatal se ha ofrecido tratar con dignidad a las víctimas, es de esperarse que historias como la de Javier no se repitan. A pesar de ello no se puede olvidar que las condiciones en que se encuentran decenas de servicios forenses en los estados es consecuencia directa de la violencia. Mientras esta no disminuya, desafortunadamente, poco se podrá esperar.