Hacia un Estado de derecho

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Los amparos presentados por diversos grupos ciudadanos contra la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía y para preservar lo edificado en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco están haciendo evidente la existencia de contrapesos en el país y poniendo de relieve la importancia del Poder Judicial para que el país se encamine hacia un pleno Estado de derecho.

En total fueron interpuestos 147 amparos, de los cuales siete se han resuelto de forma favorable para los quejosos (cuatro de forma provisional y tres definitivos). Hasta ahora el más importante se emitió ayer y ordena que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía hasta en tanto se cuente con los permisos ambientales, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, de preservación arqueológica así como una estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional por parte de las autoridades competentes, además de obligarlas a desistirse de cualquier orden de “destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificar lo existente” en Texcoco.

Los grupos promoventes están haciendo uso de un derecho establecido en la Constitución, que otorga al ciudadano la posibilidad de ampararse ante acciones de instancias gubernamentales. Si las tareas realizadas en torno a los proyectos cuestionados se hubieran apegado a la normatividad, el Poder Judicial no tendría que haber emitido fallos contrarios a la causa oficial.

Incumplir el Estado de Derecho ha tenido elevados costos para el país. Desde la pérdida de inversiones por no ofrecer garantías de seguridad tanto a firmas nacionales como extranjeras, hasta el aumento en la inseguridad, pues los grupos criminales saben que tienen escasas posibilidades de ser sometidos a proceso por la deficiente procuración de justicia y porque con recursos económicos pueden inclinar la ley de su lado.

Después del 1 de diciembre se dieron pronósticos de un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes. Los resultados que se están obteniendo en los casos Santa Lucía y Texcoco deben tomarse como una muestra de que existen frenos para actos fuera del marco jurídico.

México está en busca de alcanzar el cumplimiento estricto del Estado de derecho. Si todos los poderes de la Unión comienzan a ceñirse a ley y a acatarla, la meta estará más cerca. La actuación del Poder Judicial es clave.