Fin a los abusos del erario

La administración pública ha servido en muchas ocasiones como un botín que se reparten aquellos que acceden al poder por medio de las urnas. Por desgracia, el acceso al dinero público dio repetidamente a funcionarios deshonestos la capacidad de aprovechar su posición para ver por sus intereses, disfrutar de privilegios y abusar de los recursos de todos.

Es correcto el diagnóstico en el que ha insistido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando menciona que la corrupción es uno de los principales problemas del país. En el servicio público el desvío de recursos oficiales, así como el uso de bienes gubernamentales para el provecho personal, fue una práctica casi normalizada en cualquier nivel de gobierno.

La corrupción es una problemática que debe enfrentarse decididamente, a nivel institucional y desde la raíz, haciendo uso del andamiaje que se ha levantado en los últimos años.

En este panorama, con la llegada de una nueva fuerza política mayoritaria, encabezada por Morena, en la Cámara de Diputados se promueve la Ley de Austeridad Republicana, cuyo objetivo es terminar con los excesos en los que se incurrió repetidamente y sin pudor al interior de la administración pública.

El proyecto tiene un propósito fundamental para el momento que vive la nación: dignificar la función pública a partir de la vocación de servicio, de tal forma que quienes formen parte del gobierno no aspiren a enriquecerse a partir del acceso al erario.

Durante la implementación de este propósito, debe cuidarse a los servidores públicos de menores ingresos: ellos son la base de la administración pública y hay que ver por sus intereses, de tal manera que se garantice que esta legislación no les afecte en sus ingresos y prestaciones.

Hasta ahora había sido común conocer que se asignaban partidas millonarias para que los funcionarios contaran con vehículos de lujo —generalmente blindados—, para sufragar viajes al extranjero o para el pago de onerosos bonos económicos. El dispendio tiene que llegar a su fin.

Es inadmisible que con el dinero público se paguen de forma indebida los gustos y hasta excesos personales de los servidores públicos, mientras que existen millones de mexicanos que viven en la escasez. Por ello, terminar con los lujos en la administración pública es necesario si lo que se quiere es hacer justicia.