Ni un paso en falso con el Ejército mexicano

De modo reciente distinguidos personajes del ámbito académico y de la sociedad civil abogaron, como parte de un enfoque sistémico que impulsan, por el inmediato repliegue de las Fuerzas Armadas de la lucha que sostienen en determinados lugares del país, en los que es necesario reforzar la seguridad pública.

En especial, consideran oportuno encuartelar al Ejército mexicano de las actividades que realiza contra el crimen organizado, sobre todo con relación al trasiego de drogas, con el fin de que se establezcan solamente mecanismos que apuesten por la vía civil para combatir a ese tipo de delincuencia.

Ciertamente un escenario ideal apuntaría que debe ser sólo el enfoque civil, por medio de la prevención, procuración e impartición de justicia, la que debería combatir a esa criminalidad, al poner en marcha la inteligencia policial, la actuación profesional de la fiscalía y la resolución judicial pronta y eficaz.

No obstante, estimamos que previamente a tomar una medida de ese calado, debería estudiarse lo que sucede con realidades paralelas, por ejemplo, con Colombia, en donde se instauró un plan de paz entre su ejército y la guerrilla después de varios intentos infructuosos, con el decisivo apoyo de EU.

Lo que sucedió en la tregua, es que grupos de la delincuencia organizada, aliados en su momento a distintos bandos de la guerra civil, asumieron el vacío de poder que dejaron tanto el ejército como la guerrilla colombianos, para adueñarse impunemente de vastas regiones del país.

Ese traspaso fáctico de poder supuso el renacimiento no sólo en la producción y tráfico de estupefacientes, sino también en la distribución y el consumo local, que se incrementaron de forma alarmante, a la par del rápido crecimiento de la delincuencia ordinaria, traducida en homicidios, robos, secuestros.

De ahí el origen de la amenaza de hace unas semanas del presidente Trump, de descertificar a Colombia, su mejor socio estratégico en la región, precisamente si no controlaba cuanto antes el incremento de cultivos ilícitos, sorpresivo anuncio que fue considerado como el más serio deterioro de sus estrechas relaciones bilaterales.

En su reciente disposición anual sobre los mayores países productores de drogas, el gobierno estadounidense consideró “designar a Colombia como un país que ha fallado de manera clara… dado el extraordinario crecimiento de los cultivos de droga en estos últimos tres años, incluyendo un récord… en los últimos 12 meses”.

Según Trump, la única razón por la cual no clasificó a Colombia como un país que no colabora en esa lucha, como no sucede desde 1998, fue precisamente por el arduo trabajo que realizan tanto sus fuerzas armadas como su policía, a quienes considera socios cercanos de su estrategia antidrogas.

Ese amago contra Colombia se relaciona con el crecimiento de cultivos ilícitos desde 2013, con 80 mil hectáreas sembradas, a 188 mil en 2016, marca que llevo a congresistas estadounidenses a criticar su proceso de paz, cuya estrategia, según la demócrata Dianne Feinstein: “no está reduciendo ni la oferta ni la demanda”.

No obstante, Trump, con motivo de una reciente iniciativa de su homólogo Juan Manuel Santos para eliminar penas para los campesinos cocaleros, cuyos cultivos no superen las 3,8 hectáreas, le dirigió el 24 de este mes una carta que aplaude los esfuerzos de su gobierno para enfrentar al crimen organizado.

Con base en esa lección, eventualmente México podría, a través de una planeación, holística y progresiva, prescindir del heroico esfuerzo de las Fuerzas Armadas, para proteger a la población; participación que de ningún modo aumenta o ha aumentado la violencia. Afirmar lo contrario, supone desconocer la criminalidad trasnacional.

A ello debería sumarse la adopción de la ley de seguridad interior, que regule a los que participarían en esa delicada tarea, incluyendo a las Fuerzas Armadas, bajo la autorización del secretario de Gobernación, para establecer cuándo, cómo y dónde deben actuar excepcionalmente, lo cual no supondría crearles una ley a modo.

No proceder de esa manera implicaría necesariamente dejar en el desamparo a millones de mexicanos, en extensas regiones del territorio, abandonándolos a su suerte frente a un enemigo despiadado, que requiere ser combatido, sin titubeos y sin medias tintas, con toda la fuerza del Estado.

Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014