La “Protección especial” que recibirán de la UNESCO nueve zonas arqueológicas mexicanas “busca dotar de la más alta protección a sitios arqueológicos de gran relevancia ante eventualidades que incluso no pudieran avizorarse con la antelación suficiente, como desastres naturales o daños causados por el hombre”, reiteró ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, el tema aún genera preguntas respecto a los alcances y acciones que deberá emprender México, y la selección de estos nueve sitios, en particular.

Es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (que data de 1954 y que México suscribió dos años después) la que contempla tal Protección especial, y de la cual informó en un comunicado la Cancillería, el pasado domingo.

Detalló que las zonas arqueológicas de Palenque, Teotihuacan, Monte Albán, Chichén Itzá, El Tajín, Uxmal, Paquimé, Xochicalco y Calakmul fueron incluidas en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección especial de la UNESCO, por lo que proximamente se colocará en cada una el “escudo azul” (emblema protector de la Convención de La Haya), con lo cual se promoverá su protección ante todo tipo de circunstancias.

Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y especialista en legislación cultural, afirmó que el comunicado emitido por la SRE es ambiguo en cuanto a los alcances de esta “Protección especial” para las zonas arqueológicas. Consideró que no son claros los motivos de la inclusión en este registro.

“La declaratoria de Protección especial establecida por la UNESCO debe entenderse a partir de las particularidades de cada uno de estos sitios. Creo que es una suma de buenos deseos y, entonces, yo pregunto, ¿cuál es la tarea del INAH? La diferencia sería que viniera un presupuesto especial”, dijo Cottom.

¿Por qué estas nueve zonas y no los otros 23 sitios mexicanos que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad?, cuestionó ayer la arquitecta Olga Orive, quien es presidenta de la sede en México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS):

“El beneficio es la protección adicional, una aceptación del uso del ‘escudo azul’ para que el sitio quede registrado como algo doblemente protegido. No es en el aspecto económico, ni en cuanto a lo que piensa mucha gente de que el hecho de inscribirlo en el Patrimonio Mundial de la UNESCO representa una entrega de dinero. No da dinero”.

Otros sitios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad son los centros históricos de las ciudades de México, Zacatecas, Puebla y Morelia. Orive recalcó que representará un mayor compromiso del gobierno mexicano para redoblar la seguridad de estos sitios arqueológicos.

Opinó que el hecho de que el gobierno mexicano haya tardado décadas en solicitar la inclusión de estas zonas arqueológicas en este registro de la UNESCO tiene que ver con incumplimiento de sus obligaciones.

EL UNIVERSAL solicitó más información al INAH, sin embargo el Instituto respondió que corresponde a la SRE ampliar los datos.

Las instancias no precisaron qué significa que el tema de “Protección Especial” se incluya en la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado” (Convención de la Haya).

Orive explicó que la creación de esta Convención surgió como respuesta a las necesidades de rescate y protección de patrimonio cultural en Europa, posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Con información de Natalia Gómez y Sonia Sierra

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