El proyecto de reforma constitucional para dar vida a la Guardia Nacional fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Falta su aprobación en el Senado y en las legislaturas locales. Un gran número de voces se expresaron en contra de la permanencia militar, señalando los riesgos que la iniciativa conlleva. Pero nada detuvo la aprobación apresurada de la reforma que, a pesar de algunos cambios, mantuvo el corazón de la propuesta original: crear un cuerpo militar —desde la Constitución— con facultades para realizar tareas de seguridad pública (prevención, investigación y persecución de delitos).

Utilizo este espacio para responder a algunos argumentos que se han hecho, de forma repetida, en defensa de la Guardia Nacional.

1. “Será un cuerpo civil, tendrá un mando civil.” Esta afirmación es engañosa. Si bien el texto afirma que la Guardia Nacional será una institución de carácter civil, también establece que la Secretaría de la Defensa “dispondrá de lo necesario para que la estructura, jerarquía, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingresos, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades” de la Guardia estén homologados a los que se aplican a la Fuerza Armada Permanente. Además, establece el fuero militar para los miembros de la Guardia. El mismo artículo donde lo hace, señala que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”. La implicación es innegable: para efectos legales los miembros de la Guardia pertenecerán al Ejército y, en lo relevante a lo operativo, al día a día, serán militares. Su estructura, disciplina, servicios estarán a cargo de la Sedena e incluso, cuando cometan delitos que no involucren a civiles, serán juzgados en tribunales militares, igual que los demás militares. ¿Y el supuesto control civil? Legalmente no queda claro qué abarca.

2. “A grandes males, grandes remedios.” Muchos defienden a la Guardia señalando la gravedad de la crisis de seguridad, la cual es innegable. Sin embargo, los estudios existentes señalan que fue justamente la estrategia del despliegue militar, iniciado en 2006, el principal motor de la crisis. En contraste, no hay estudios que muestren que la militarización de la seguridad pública haya servido para reducir, o siquiera contener, la violencia. La presencia federal ha contribuido al deterioro de las instituciones de seguridad pública locales y llevado a una guerra armamentista con los cárteles, agravando las condiciones de la crisis. La solución no es entonces profundizar la militarización.

3. “No hay forma de retirar al Ejército en lo inmediato.” Si bien esto es cierto, no justifica una reforma constitucional que hace permanente su participación en tareas de seguridad pública. La Constitución es un texto que pretende ser permanente, no coyuntural. Hay otras posibilidades —como el artículo 29 constitucional— para constitucionalmente hacer uso temporal de las Fuerzas Armadas.

4. “Quien nada debe, nada teme. Si no te portas mal, no debe preocuparte.” Esta afirmación es, quizá, la que más sorprende. Nuestro sistema judicial —y legal— está plagado de historias de injusticias. Necesitamos leyes que nos protejan, no que aumentan el uso arbitrario y discrecional del poder. Esto es especialmente cierto cuando está en riego la libertad y la vida.

5. “López Obrador nunca usará la Guardia Nacional para reprimir al pueblo.” Es posible que el presidente sea un buen hombre, pero las leyes no se hacen pensando en los buenos hombres, sino en los potenciales abusos del poder. Nada garantiza que el próximo presidente no use esta institución para reprimir. La Guardia da a los militares facultades —que nunca habían tenido— sin controles, rendición de cuentas o transparencia.

La militarización de la seguridad pública, incluso bajo un nombre como “Guardia Nacional”, es una mala idea por donde se le vea.

División de Estudios Jurídicos CIDE
@ cataperezcorrea

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